CIUDAD. Trabajadores bajo GPS: polémica por el sistema de geolocalización que activó la Ciudad

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un sistema de geolocalización mediante GPS para controlar el presentismo de trabajadores que realizan tareas fuera de las oficinas, lo que generó una inmediata polémica con sindicatos y delegados del sector público que advierten sobre posibles mecanismos de vigilancia y sanciones.

La herramienta forma parte de la llamada Hoja de Ruta Electrónica (HRE), una plataforma que comenzó a implementarse en marzo y que se utiliza a través de los teléfonos celulares de los trabajadores. El sistema permite registrar la ubicación de los empleados cuando comienzan y finalizan sus tareas en territorio, especialmente en casos de inspecciones o actividades que se realizan en la vía pública.

Desde el gobierno porteño sostienen que el sistema se inscribe dentro de las políticas de control del presentismo de la administración pública y que su utilización apunta a ordenar el trabajo de quienes cumplen funciones fuera de las dependencias estatales.

Según explicaron fuentes oficiales, la geolocalización solo se activa cuando el trabajador llega al punto de trabajo asignado, momento en el que debe registrar su ubicación en la aplicación. De acuerdo con esa versión, el sistema no permanece activo de manera permanente y se desactiva una vez finalizada la tarea.

Sin embargo, desde distintos sectores sindicales advirtieron que la medida implica una posible vulneración de la privacidad de los trabajadores y un mecanismo de control permanente, ya que el seguimiento se realiza a través de dispositivos personales y podría abrir la puerta a sanciones o descuentos.

Delegados del sector público también plantearon que el uso del celular personal para tareas laborales genera conflictos, ya que los dispositivos y la conectividad no siempre dependen del trabajador y podrían surgir problemas técnicos que luego impacten en el registro de la jornada.

En ese sentido, señalaron que la implementación del sistema podría derivar en interpretaciones arbitrarias sobre el cumplimiento de tareas, especialmente en actividades territoriales donde los recorridos y horarios pueden modificarse por cuestiones operativas.

La puesta en marcha de la plataforma ya generó debates dentro de la administración pública porteña y en distintos espacios gremiales, donde reclaman discutir el alcance del sistema. Mientras el gobierno defiende la herramienta como un mecanismo de organización del trabajo, los sindicatos advierten que podría convertirse en una forma de control laboral que profundice el conflicto en el sector.