3 de junio de 2026
Mientras el Presidente prometía destruir el Estado y avanzar con privatizaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES incrementó un 15% sus inversiones en compañías privadas. El dato contrasta con el conflicto que atraviesan los trabajadores del organismo, que llevan 18 meses sin una mesa paritaria específica.
Cuando Javier Milei irrumpió en la escena política prometió ser "el topo que destruye el Estado desde adentro" y denunció una y otra vez la intervención estatal en la economía. Sin embargo, datos oficiales revelados recientemente muestran que durante su gestión el Estado no redujo su presencia en el sector privado, sino que la aumentó.
A través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, el Gobierno incrementó cerca de un 15% el monto invertido en acciones de empresas privadas entre fines de 2023 y octubre de 2025. La cartera estatal amplió su participación en bancos, energéticas, compañías inmobiliarias y firmas vinculadas a los mercados financieros.
Los mayores saltos se registraron en BYMA, donde la participación estatal creció más de un 1900%, seguida por YPF, Central Puerto, Transportadora de Gas del Norte y Sociedad Comercial del Plata. Lejos de desprenderse de activos, como podría suponerse de una administración que hizo del achicamiento del Estado una bandera política, el Estado nacional fortaleció su presencia en algunas de las principales empresas del país.
Desde el Gobierno sostienen que las operaciones responden a una estrategia financiera destinada a preservar y aumentar el valor del FGS, el fondo que respalda el sistema previsional argentino. Sin embargo, la información vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la administración libertaria: si el Estado debe retirarse de la economía, ¿por qué incrementa su participación en empresas privadas?
La contradicción adquiere una dimensión todavía más sensible cuando se observa la situación interna de la propia ANSES. Mientras el organismo administra un fondo que amplía sus inversiones en el mercado accionario, sus trabajadores denuncian que llevan 18 meses sin la convocatoria a una mesa paritaria específica, una situación que no registra antecedentes recientes dentro del organismo.
El malestar derivó en una movilización conjunta de UPCN, APOPS, SECASFPI y ATE frente a la sede central de la ANSES sobre la avenida Córdoba. Allí, los sindicatos reclamaron la inmediata apertura de una mesa paritaria, denunciaron la falta de diálogo con las autoridades y advirtieron sobre el impacto que las políticas de ajuste están teniendo sobre el personal del organismo.
Para los representantes gremiales, la ausencia de una convocatoria durante un año y medio constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ANSES. El reclamo no se limita únicamente a la cuestión salarial. También incluye la preocupación por la reducción de estructuras, la pérdida de puestos de trabajo y el futuro de uno de los organismos más importantes de la seguridad social argentina.
La paradoja es difícil de ignorar. Mientras el Fondo de Garantía de Sustentabilidad incrementa sus posiciones en bancos, energéticas y grandes compañías privadas, los trabajadores encargados de administrar jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones sociales denuncian que el organismo mantiene cerrado desde hace 18 meses uno de los principales ámbitos de negociación laboral.
La discusión de fondo excede los números bursátiles. Se trata de definir cuál será el rol del Estado en los próximos años y quién pagará el costo de la motosierra. Mientras el Gobierno celebra la valorización de los activos financieros del FGS, los sindicatos advierten que el ajuste continúa avanzando sobre el empleo público y que ANSES se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de esa política.
A casi tres años de gestión, el "topo" que prometía destruir el Estado hoy conduce una administración que amplió su participación en empresas privadas a través del FGS. Y mientras esas inversiones crecen, los trabajadores de la ANSES denuncian una situación inédita: 18 meses sin mesa paritaria y sin respuestas a un reclamo histórico dentro del organismo.
La fotografía resume una de las principales contradicciones de la gestión libertaria: un Estado que aumenta inversiones millonarias en empresas privadas mientras la motosierra sigue apuntando a los trabajadores que sostienen diariamente el funcionamiento de la administración pública.
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