19 de marzo de 2026
Las señales políticas, los discursos oficiales y los movimientos recientes en el Congreso reavivan un fantasma que la Argentina ya vivió en los años noventa.
Como ya ocurrió durante el gobierno de Carlos Menem, que entre 1989 y 1990 firmó una serie de decretos de indulto que permitieron la liberación de integrantes de la Junta Militar y de numerosos genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, el gobierno de Javier Milei parece avanzar en una dirección que genera fuerte preocupación en amplios sectores de la sociedad.
En ese marco, las recientes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encendieron las alarmas. En rechazo a la declaración aprobada por el Senado en el aniversario del inicio de la última dictadura, sostuvo que "se terminó el monopolio de la memoria" y cuestionó que el kirchnerismo haya "convertido los Derechos Humanos en un negocio político".
La funcionaria también denunció la existencia de un supuesto "relato" que, según afirmó, "persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación", planteando la necesidad de una "mirada completa, sin relato y sin grieta", una postura que desde distintos sectores es leída como un intento de relativizar los crímenes del terrorismo de Estado.
A ese posicionamiento político se le suma un dato inquietante en el Congreso. Durante la votación en el Senado para repudiar el golpe de Estado a 50 años de su inicio, varios legisladores optaron por abstenerse, evitando pronunciarse sobre uno de los hechos más oscuros de la historia argentina.
La imagen del tablero de votación, con nombres en amarillo marcando esas abstenciones, dejó expuesta una señal política que encendió alarmas en organismos de derechos humanos y en el movimiento sindical, que ven en estos gestos un cambio de época en materia de memoria, verdad y justicia.
El trasfondo de esta discusión es profundo. En centros clandestinos como La Perla, en Córdoba, aún hoy continúan las tareas de identificación de víctimas de la dictadura. En ese predio de miles de hectáreas funcionó uno de los mayores dispositivos de exterminio del país, con estructuras destinadas a la desaparición sistemática de personas.
En esa misma línea, recientes investigaciones permitieron identificar los restos de 12 personas desaparecidas que estuvieron detenidas en La Perla, a partir del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense. Los hallazgos se produjeron en el predio de Loma del Torito, lo que confirma que, a casi 50 años del terrorismo de Estado, la búsqueda de verdad y justicia sigue en curso y lejos de estar cerrada.
En paralelo, distintas versiones periodísticas advierten que desde sectores del Gobierno se analiza la posibilidad de avanzar con un indulto a militares condenados por delitos de lesa humanidad, en el marco del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe.
Estas señales ya generaron una reacción directa de los organismos de derechos humanos. La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, fue contundente: "sería el colmo que anuncien el indulto", advirtió, al tiempo que convocó a la movilización al sostener que "tenemos que ser miles" en las calles.
En este escenario, algunos sectores advierten que lo único que hoy parece frenar un avance más rápido del Gobierno en este sentido es el impacto político del escándalo que involucra al vocero presidencial, Manuel Adorni, que mantiene al oficialismo bajo presión pública y mediática.
En este contexto, la combinación de discursos oficiales, gestos institucionales y versiones sobre posibles decisiones políticas vuelve a poner en debate uno de los consensos más importantes de la democracia argentina: que los crímenes de la dictadura no pueden ser perdonados, relativizados ni olvidados.
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