REFORMA LABORAL. Preocupación por la desregulación total de las matrículas profesionales de abogados, médicos y enfermeros

En un giro preocupante para el ejercicio profesional en la Argentina, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional introduce la llamada "libertad de matrícula", una medida que modifica de manera estructural el sistema de colegiación que durante décadas reguló a abogados, contadores, médicos, traductores, geólogos, economistas y otros profesionales. La iniciativa apunta a reducir controles y requisitos para el ejercicio profesional, un esquema que ya genera resistencia en las entidades colegiadas.

Según trascendió en un documento oficial que circuló en los últimos días, el proyecto prevé modificar leyes y estatutos que hoy regulan distintas actividades profesionales, entre ellas la obligatoriedad de la matrícula, los regímenes éticos y las sanciones por mala praxis.

En el caso de los abogados, la reforma implicaría derogar disposiciones claves de la Ley 23.187, que regula el ejercicio de la profesión en la Ciudad de Buenos Aires y establece la matrícula obligatoria en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). De prosperar, un abogado con título habilitante podría ejercer en los tribunales porteños sin estar matriculado en el colegio profesional.

Desde los colegios advierten que la medida apunta a debilitar el rol institucional que cumplen estas entidades. Señalan que la matrícula no es una mera formalidad administrativa, sino un pilar del control ético, la regulación disciplinaria y la garantía de estándares profesionales mínimos.

Según el texto del Título 7 del proyecto, bastará con poseer el título habilitante -emitido por una universidad reconocida- para ejercer en todo el territorio nacional. "La matriculación de los profesionales será libre y voluntaria", establece la norma, eliminando así la obligación de inscribirse en colegios o consejos para poder trabajar.

El proyecto dispone que la acreditación del título se realizará exclusivamente a través del Registro Federal de Egreso (ReFE), una base de datos pública y gratuita que centralizará todos los títulos universitarios emitidos desde 1964. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, será la autoridad de aplicación y otorgará a cada egresado un número de matrícula único y automático.

Uno de los sectores profesionales más afectados es el de abogados. El presidente del CPACF, Miguel Ángel Basal, sostuvo ante Clarín que "la matrícula obligatoria trasciende la simple registración formal" y remarcó que se trata de una norma de orden público, que define quién puede ejercer la abogacía y bajo qué condiciones. En ese sentido, alertó que eliminarla implicaría desmantelar el sistema colegiado vigente y limitar la función pública no estatal que cumplen los colegios.

De acuerdo con datos del propio CPACF, la cantidad de profesionales matriculados alcanza actualmente los 60.000, cifra registrada en 2024. El Gobierno ya había intentado avanzar en una línea similar mediante un decreto en diciembre de 2023, que proponía desregular el ejercicio de la abogacía y suprimir el régimen disciplinario, iniciativa que fue suspendida por la Justicia.

Según el informe presentado este martes tras la finalización del Consejo de Mayo, la reforma permitiría que un profesional ejerza con su título, sin necesidad de habilitación colegiada, sin controles institucionales e incluso sin cumplir exigencias previas antes de ofrecer sus servicios al público.

La propuesta forma parte del capítulo laboral de la reforma impulsada por el Ejecutivo y se suma a otras medidas de desregulación que buscan reducir la intervención de organismos profesionales. En paralelo, el debate abre un nuevo frente de conflicto con colegios y asociaciones que advierten sobre el impacto institucional y social de eliminar los mecanismos de control del ejercicio profesional.