9 de febrero de 2026
El Gobierno reactivó una iniciativa ya rechazada en el pasado y volvió a encender la tensión con las centrales obreras.
El Gobierno nacional avanzó este lunes con un nuevo decreto que habilita el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión que reabre un conflicto directo con el movimiento sindical y que ya había sido cuestionada y frenada en antecedentes previos. La norma fue publicada en el Boletín Oficial hace pocos minutos y marca un nuevo capítulo en la estrategia oficial para modificar el esquema judicial laboral.
El decreto delega en el Jefe de Gabinete la facultad de suscribir acuerdos de transferencia de competencias judiciales en materia laboral, desde el ámbito nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo adendas, modificaciones y acuerdos complementarios. Además, establece que la medida entra en vigencia el mismo día de su dictado, sin necesidad de debate parlamentario.
Desde las centrales obreras advirtieron que el traspaso del fuero laboral no es un cambio administrativo sino una reforma estructural que impacta directamente en los derechos de los trabajadores. Los gremios sostienen que la Justicia Nacional del Trabajo cumple una función clave como garantía de alcance federal, y denuncian que la iniciativa apunta a debilitar la tutela judicial en los conflictos laborales.
El intento no es nuevo. En oportunidades anteriores, la Justicia respondió que la competencia laboral no puede ser trasladada por decreto, al tratarse de un fuero nacional creado por ley y con magistrados designados bajo ese régimen. Esos antecedentes fueron utilizados por el sindicalismo para frenar avances similares y anticipan un nuevo escenario de judicialización.
La reactivación del traspaso se da, además, en paralelo a la falta de consenso para aprobar la reforma laboral en el Congreso. Para las organizaciones sindicales, el decreto confirma que el Ejecutivo busca avanzar por vías alternativas ante la imposibilidad de cerrar acuerdos legislativos en un tema altamente sensible.
Con la publicación del decreto, el Gobierno vuelve a colocar en agenda una discusión que ya generó fuertes resistencias políticas y sindicales. Las centrales obreras evalúan los pasos a seguir, mientras se espera que la Justicia vuelva a pronunciarse sobre una iniciativa que ya fue objetada por su legalidad y constitucionalidad.
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