2 de marzo de 2026
En medio de vencimientos externos y necesidad de dólares, la Casa Rosada busca vender el 90% de la empresa de agua.
La decisión de avanzar con la privatización de AySA se da en un contexto de compromisos financieros internacionales y presión por conseguir divisas. Desde el oficialismo sostienen que la venta de activos estatales forma parte de la estrategia para reforzar reservas y sostener el equilibrio fiscal frente a vencimientos con el FMI y acreedores externos, en un escenario económico condicionado por la deuda que tomo el gobierno de Milei.
El plan contempla desprenderse del 90% del capital accionario de la empresa que presta el servicio de agua y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La operación se inscribe en la política oficial de reducción del Estado como herramienta para consolidar el esquema de déficit cero y el pago de la deuda externa.
AySA llega a esta instancia luego de un proceso de "reordenamiento interno" que incluyó una fuerte reducción de personal. Su planta pasó de 7.790 empleados a 6.069, lo que representa una baja cercana al 22%, junto con actualizaciones tarifarias y modificaciones en el esquema de subsidios.
Desde el Gobierno argumentan que la privatización permitirá atraer inversiones privadas y aliviar la presión sobre las cuentas públicas. Sin embargo, el servicio de agua impacta directamente en millones de hogares del AMBA y su regulación tiene efectos directos sobre el costo de vida.
El antecedente de los años noventa vuelve inevitablemente al debate público. En aquella etapa, el servicio fue privatizado bajo promesas de eficiencia e inversión, pero el proceso terminó con rescisión contractual y posterior reestatización tras conflictos regulatorios y tarifarios. Ese recuerdo histórico reaparece ahora que el Estado decide volver a retirarse de la operación mayoritaria.
Otro punto sensible es la política hacia los usuarios. Con menos subsidios y una lógica más estricta de recupero, quienes acumulen deudas podrían enfrentar cortes del servicio, en un contexto de presión tarifaria y deterioro del salario real.
El 10% del capital seguirá perteneciendo a los trabajadores de AySA, según el esquema vigente. El personal está encuadrado en el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), conducido por José Luis Lingeri.
El Ejecutivo prevé publicar los pliegos en las próximas semanas y avanzar durante el año con una operación que, según el argumento oficial, apunta a achicar el Estado, generar divisas y cumplir con los compromisos de deuda externa, abriendo una nueva etapa para la empresa de agua más grande del país.
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