1 de abril de 2026
La Cámara ordenó aplicar la ley de financiamiento y el Ejecutivo apelará mientras comienza a actualizar partidas.
El Gobierno nacional confirmó que presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para intentar frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenara su implementación inmediata.
La decisión marca un escenario inusual, en el que el Poder Ejecutivo opta por escalar el conflicto judicial mientras, en paralelo, comienza a cumplir con las actualizaciones de transferencias, salarios y becas previstas en la norma.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, quienes consideraron que la medida no implica un impacto fiscal significativo y remarcaron que el Estado debe priorizar el derecho constitucional a la educación superior.
La resolución dejó al Poder Ejecutivo ante la disyuntiva de acatar o apelar. En ese marco, el oficialismo definió avanzar hacia la Corte, con expectativas moderadas sobre el resultado del recurso.
La estrategia judicial es elaborada por equipos de la Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano, mientras que el vínculo con las universidades es coordinado por el subsecretario Alejandro Álvarez, bajo la órbita de Sandra Pettovello.
Desde el ámbito académico, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que "el PEN debe cumplir con la ley" y advirtió sobre una posible "gravedad institucional sin precedentes" si no se acata la resolución.
El conflicto se inscribe en el marco del ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades registraron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026.
En materia salarial, los ingresos del personal universitario acumulan una suba del 158% frente a una inflación del 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo cercana al 32% en ese período.
La Cámara ratificó la vigencia de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen actualizaciones salariales y la restitución de programas de becas, y subrayó que el impacto fiscal es bajo, al tiempo que enfatizó que está en juego "un derecho central de la Constitución como la educación superior pública".
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