Sociedad. Las aseguradoras desembarcan en la salud: podrán ofrecer coberturas médicas y cambia el mapa del sistema privado

El sistema privado de salud argentino se prepara para la llegada de un nuevo jugador. La Superintendencia de Seguros de la Nación habilitó a las compañías aseguradoras a comercializar "seguros de salud prestacionales", una decisión que abre la puerta a nuevas coberturas médicas y modifica un esquema en el que hasta ahora las aseguradoras tenían fuertes restricciones para brindar prestaciones de manera directa.

El cambio quedó establecido mediante la resolución 258/26 de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). Hasta ahora, la reglamentación de la actividad aseguradora prohibía expresamente las coberturas de salud cuyo beneficio consistiera en prestaciones directas de servicios médicos, un terreno ocupado fundamentalmente por empresas de medicina prepaga y obras sociales.

La nueva normativa también fija condiciones para proteger a los usuarios que ya estén bajo tratamiento. En caso de modificaciones en las redes de prestadores, las aseguradoras deberán garantizar la continuidad de la atención de personas que se encuentren realizando tratamientos o tengan un diagnóstico confirmado, además de mantener el acceso efectivo a prestaciones equivalentes.

Desde la Asociación Argentina de Compañías de Seguros sostienen que el sector ya participa desde hace décadas en distintas áreas vinculadas a la salud, como ocurre con las ART y los seguros de asistencia al viajero. Sin embargo, la nueva regulación les permitirá avanzar sobre un terreno mucho más amplio. El sector estima además que alrededor del 40% de la población no tiene acceso a salud privada a través de prepagas u obras sociales ni a determinados tratamientos complejos.

Las compañías, de todos modos, no proyectan inicialmente reemplazar de manera integral a prepagas u obras sociales. Uno de los principales obstáculos es el costo de cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), además de las diferencias tributarias existentes entre los distintos actores. Mientras las obras sociales cuentan con un tratamiento impositivo diferente y las prepagas tributan un IVA del 10,5%, las aseguradoras están alcanzadas por una alícuota del 21%, además de otros gravámenes.

Entre las alternativas que analiza la industria aparecen seguros destinados a cubrir prestaciones específicas, consultas con especialistas, estudios o tratamientos determinados. Las compañías observan modelos aplicados en otros países, donde los seguros funcionan como complemento de los sistemas existentes y permiten acceder de manera más rápida a determinadas prestaciones, sin necesariamente sustituir una cobertura médica integral.

La apertura, sin embargo, genera interrogantes dentro del propio sistema sanitario. Desde la Unión Argentina de Salud advierten que el cambio implica que las aseguradoras dejen de limitarse a indemnizar económicamente un riesgo y puedan comenzar a organizar directamente el acceso a prestaciones médicas mediante redes de prestadores. Para el sector, esa diferencia podría generar asimetrías si no todos los actores quedan sometidos a obligaciones de cobertura equivalentes.

Otro de los puntos centrales será la respuesta de la Justicia. El negocio asegurador se basa en la posibilidad de delimitar, cuantificar y tarifar previamente el riesgo que asume cada compañía, pero en materia sanitaria existen antecedentes judiciales en los que las prestaciones originalmente previstas fueron ampliadas para garantizar el derecho a la salud. Si ese criterio se trasladara a los nuevos seguros médicos, las empresas podrían enfrentar obligaciones superiores a las contempladas inicialmente en los contratos.

La discusión recién comienza y el alcance final dependerá tanto de la regulación como de las futuras decisiones judiciales. Especialistas del sector consideran posible que las aseguradoras comiencen ofreciendo coberturas puntuales antes de avanzar hacia esquemas más amplios. La entrada de las compañías de seguros abre así una nueva etapa en el financiamiento privado de la salud y obliga a redefinir las reglas de convivencia con prepagas y obras sociales, actores centrales de un sistema que ahora suma nuevos competidores.