Sindicatos. UATRE denuncia 74 despidos en WADE y alerta por un avance antisindical en medio de la reforma laboral

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) denunció el despido de 74 trabajadores de WADE, empresa avícola perteneciente al Grupo GTA, en medio de un conflicto que se arrastra desde 2024 por salarios atrasados, pagos fraccionados, aguinaldos pendientes e incumplimientos empresariales. El sindicato advirtió además que parte de las cesantías alcanzó a empleados que habían participado de asambleas y reclamos gremiales.

Según el relevamiento realizado por UATRE, los despidos se distribuyen entre distintos establecimientos de la compañía: 17 trabajadores en Loma Verde, 15 en Aurora, 10 en Río Diamante, 12 parrilleros de San Miguel del Monte, 7 en Pila, 7 en Gorch y 6 en Campana. La organización gremial sostiene que las desvinculaciones profundizan una crisis laboral que lleva casi dos años sin una solución definitiva.

Desde el sindicato señalaron que durante ese período los empleados atravesaron demoras en el cobro de salarios, pagos divididos que llegaron en algunos casos hasta diez cuotas y falta de pago de aguinaldos, una situación que llevó a numerosas familias a recurrir al endeudamiento para cubrir gastos básicos. "Hace dos años los trabajadores vienen financiando con su propio bolsillo una crisis que no generaron", cuestionó la secretaria de Organización de UATRE, Natalia Sánchez Jáuregui.

El conflicto también fue planteado directamente ante la conducción de la CGT durante la movilización al Ministerio de Economía. En medio de la protesta, los trabajadores de WADE pudieron dialogar en la calle con Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT, y explicarle personalmente la situación que atraviesan. Del encuentro participaron Natalia Sánchez Jáuregui, delegados y trabajadores afectados, quienes detallaron los atrasos salariales, los incumplimientos de la empresa y los recientes despidos, buscando que la problemática también sea acompañada desde la central obrera.

La dirigente sostuvo que los despidos adquieren una gravedad mayor porque entre los afectados hay trabajadores con licencias por enfermedad o paternidad y empleados que participaron de asambleas para reclamar salarios adeudados. UATRE también denunció descuentos salariales contra quienes intervinieron en medidas gremiales, incluso mientras la propia empresa mantenía haberes pendientes. "No se puede utilizar el poder económico de una empresa para disciplinar a quienes reclaman por sus derechos", afirmó Sánchez Jáuregui.

Uno de los episodios que encendió las alarmas dentro del gremio ocurrió durante una de las asambleas, cuando se presentó personal de Recursos Humanos acompañado por un escribano y efectivos policiales. Para UATRE, esa presencia tuvo un carácter intimidatorio y buscó desalentar la participación de los trabajadores en acciones colectivas. "No hace falta ser delegado para tener derechos. Si un trabajador participa de una asamblea porque no le están pagando y la respuesta es despedirlo, estamos frente a una represalia", planteó la dirigente sindical.

Sánchez Jáuregui vinculó el conflicto con lo que definió como un intento de consolidar "un modelo antisindical" en el que reclamar o participar de una asamblea pueda convertirse en motivo de despido. "Quieren trabajadores con miedo a reclamar. No vamos a permitir que ese modelo se naturalice", sostuvo. Para el sindicato, las decisiones empresariales no pueden desconocer derechos vinculados a la organización y a la actividad gremial.

En ese sentido, UATRE recordó las garantías establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que protege el trabajo, contempla la protección contra el despido arbitrario, garantiza la organización sindical libre y democrática y reconoce el derecho de huelga. "El artículo 14 bis no es una declaración decorativa: protege el trabajo, la organización sindical y el derecho de los trabajadores a reclamar", remarcó Sánchez Jáuregui.

El gremio también puso el conflicto en el marco del avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sánchez Jáuregui cuestionó que los cambios en la legislación puedan ser interpretados por algunas compañías como una señal para avanzar sobre derechos colectivos. "Mientras el Gobierno nacional avanza sobre derechos y herramientas de organización, algunas empresas pueden interpretar que tienen vía libre para disciplinar a quienes reclaman. No quieren trabajadores con derechos: quieren trabajadores con miedo", afirmó.

Tras asegurar que se agotaron las instancias administrativas, las audiencias, las reuniones y las gestiones políticas, UATRE reclama la reincorporación de los 74 trabajadores, el pago de todas las deudas salariales y el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas del Grupo GTA. El sindicato anticipó que profundizará las acciones gremiales para defender los puestos de trabajo y advirtió que no aceptará que la reforma laboral sea utilizada como "una carta blanca" para despedir o perseguir trabajadores. "Los trabajadores no son el costo de ajuste de ninguna empresa ni de ningún Gobierno", concluyó Sánchez Jáuregui.