Política. Billeteras virtuales bajo la lupa: Kicillof investigará tasas y abusos tras más de 2.200 denuncias

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, anunciaron nuevas medidas para proteger a los usuarios de billeteras virtuales frente al crecimiento del endeudamiento familiar y las denuncias por posibles abusos, incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor y prácticas de hostigamiento en el cobro de deudas.

Durante la presentación, Kicillof advirtió sobre la magnitud de la crisis financiera que atraviesan los hogares. Según señaló, el 60% de la población adulta está endeudada y cerca de seis millones de personas se encuentran en situación de mora, sin posibilidades de afrontar las obligaciones que contrajeron.

"Esto no es un problema entre privados: es el resultado de la macroeconomía de Milei", sostuvo el gobernador, quien vinculó el aumento del endeudamiento con la pérdida de ingresos de las familias. Según explicó, cada vez más personas recurren al crédito para cubrir gastos básicos como alimentos, medicamentos y alquileres.

Kicillof también puso el foco sobre el crecimiento de las fintech y aseguró que las billeteras virtuales dejaron de funcionar únicamente como medios de pago para convertirse también en entidades que otorgan créditos y colocan fondos, aunque sin estar alcanzadas por todas las regulaciones macroprudenciales que rigen para otras instituciones del sistema financiero.

Por su parte, Augusto Costa informó que durante el primer semestre del año la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. Los reclamos incluyen presuntos incumplimientos a la normativa vigente, además de casos de acoso y hostigamiento a consumidores.

Ante este escenario, el Gobierno provincial decidió abrir un expediente de investigación y exigir información a las empresas involucradas. Las fintech deberán explicar detalladamente cómo determinan las tasas de interés que cobran a sus clientes y cuál es la composición real del Costo Financiero Total (CFT) aplicado en sus operaciones crediticias.

Costa explicó que las actuaciones administrativas ya se encuentran en curso y que las compañías deberán presentar sus respectivos descargos. En caso de comprobarse infracciones a la legislación de defensa del consumidor, las sanciones económicas podrían alcanzar los $1.883 millones, además de imponerse la obligación de corregir o revertir los incumplimientos detectados.

"Mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias", afirmó Costa al diferenciar la política bonaerense de la adoptada por el Gobierno nacional frente al crecimiento del endeudamiento y la morosidad.

Las medidas anunciadas quedarán ahora sujetas al avance de los expedientes y a las respuestas de las empresas investigadas. De la presentación participaron también el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, y la subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi, mientras Defensa del Consumidor continuará analizando las denuncias para determinar eventuales sanciones y medidas correctivas.