19 de noviembre de 2026

Política

Política. La Corte porteña aplicó la reforma laboral de Milei y puso límites a las indemnizaciones por despido

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó una sentencia laboral y ordenó aplicar el artículo 55 de la nueva legislación, que establece un piso y un techo para actualizar créditos.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) dictó un fallo que limita la actualización de las indemnizaciones por despido, al disponer que se aplique el artículo 55 de la ley de modernización laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La resolución revocó una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y volvió a poner en discusión el alcance de los derechos económicos de los trabajadores que mantienen juicios laborales.

La decisión se produjo a partir de un recurso presentado por el Banco Hipotecario, en una causa iniciada por una trabajadora despedida. La Cámara Nacional del Trabajo había confirmado una condena indemnizatoria y declarado la inconstitucionalidad de las leyes que prohibían la indexación, ordenando actualizar el crédito mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés puro del 3% anual.

La Corte porteña dejó sin efecto ese criterio y estableció que la actualización debe ajustarse a los límites previstos en el artículo 55 de la reforma laboral, aprobada el 28 de febrero de 2026. La norma establece un mecanismo específico para calcular los créditos laborales en juicios que todavía no cuentan con sentencia definitiva.

El nuevo esquema toma como referencia la tasa pasiva del Banco Central, con un piso equivalente al 67% del resultado de actualizar el capital por inflación más un 3% anual. A su vez, el monto no puede superar el cálculo que surge de aplicar el IPC más ese interés. De esta manera, la legislación establece un rango dentro del cual deben calcularse las sumas reclamadas.

El fallo tiene especial importancia para los trabajadores que llevan años esperando el cobro de una indemnización, porque el mecanismo utilizado para actualizar las deudas puede modificar significativamente el dinero que finalmente reciben. En contextos de inflación elevada, la diferencia entre distintas fórmulas de actualización puede representar una parte sustancial del crédito laboral.

La sentencia fue respaldada por Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg, quienes consideraron válido el mecanismo establecido por el Congreso. Los magistrados sostuvieron que la regulación responde a criterios legislativos de oportunidad y que el esquema resulta compatible con el derecho de propiedad y con la doctrina de la Corte Suprema.

Por su parte, Luis Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia. Ambos cuestionaron que los créditos laborales tengan un régimen de actualización diferente del aplicado a otras deudas civiles y comerciales. También advirtieron sobre el impacto que esta diferenciación podría tener sobre los derechos de los trabajadores.

En el caso de Weinberg, su voto puso el foco en la necesidad de demostrar concretamente el perjuicio ocasionado por la nueva fórmula. La magistrada sostuvo que no alcanza con una objeción general a la legislación, sino que debe acreditarse cómo su aplicación afecta al trabajador en el expediente particular.

La resolución también tiene consecuencias institucionales porque reafirma la intervención del Tribunal Superior porteño en causas laborales que tramitan ante la Justicia Nacional del Trabajo, una cuestión vinculada con el debate sobre el traspaso de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

Con este pronunciamiento, la Corte porteña fijó un criterio favorable a la aplicación de los límites establecidos por la reforma laboral para los juicios en trámite. El fallo abre una nueva etapa de discusión sobre la actualización de las indemnizaciones y el impacto que tendrá el nuevo régimen en los reclamos de trabajadores despedidos.

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