3 de julio de 2025
Con temperaturas bajo cero, el país sufre cortes masivos de suministro por la paralización de obras fundamentales del gasoducto que el gobierno de Javier Milei decidió frenar. El resultado: clases suspendidas, restaurantes cerrados y un invierno sin calefacción.
En medio de la ola polar que atraviesa el país, Argentina se quedó sin gas. No por falta de recursos, sino por una decisión política: el gobierno de Javier Milei paralizó las obras clave del gasoducto que permitirían transportar el gas desde Vaca Muerta a los centros de consumo. Hoy, la factura de esa "motosierra" llega con frío, angustia y millones de dólares en importaciones evitables.
El problema no está en la producción: el yacimiento neuquino produce más gas del que se puede transportar. Pero la infraestructura para distribuirlo quedó a medio construir tras la llegada de Milei al poder. Apenas asumió, el Presidente decretó la parálisis total de la obra pública. Entre ellas, frenó las tres obras que hoy podrían haber evitado la crisis:
Las plantas compresoras del Gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno): estaban al 80% de avance y permitirían duplicar la capacidad de transporte. La demora obliga a importar gas licuado a más del triple de su costo local.
La segunda etapa del gasoducto hasta Santa Fe: era clave para ampliar el alcance de la red.
La reversión del Gasoducto Norte: pedida incluso por empresarios del sector, como Paolo Rocca y Marcelo Mindlin, tampoco se terminó.
En Mar del Plata, las consecuencias fueron inmediatas: clases suspendidas, restaurantes cerrados por orden del municipio, estaciones de GNC clausuradas y vecinos sin calefacción. En otras zonas del país, el suministro se limita a industrias, comercios e incluso hospitales.
"El gas está, pero no lo podemos transportar. Eso es lo que pasa cuando se detienen obras estratégicas. La falta de inversión no es gratis", advirtió el exministro Gabriel Katopodis, quien había impulsado esas construcciones durante la gestión anterior.
La planta compresora de Las Armas, por ejemplo, está frenada desde agosto de 2024, cuando ya tenía más del 80% de avance. Su puesta en marcha habría garantizado presión suficiente para abastecer la Costa Atlántica.
Mientras tanto, el país gasta más de 500 millones de dólares en importar gas que ya produce, pero no puede distribuir.
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