12 de octubre de 2026
Un análisis sobre el costo del transporte en la Ciudad de Buenos Aires reveló que los hogares de menores ingresos destinan una proporción creciente de sus recursos a trasladarse.
El aumento sostenido de las tarifas del transporte público comenzó a generar un nuevo problema para los sectores de menores ingresos: la dificultad de afrontar el costo de los viajes necesarios para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas. En la Ciudad de Buenos Aires, una persona perteneciente al 10% de la población con menores ingresos puede destinar hasta el 25,8% de su ingreso per cápita a realizar 40 viajes mensuales en subte, de acuerdo con un análisis sobre lo que se conoce como pobreza de transporte.
El concepto hace referencia a las situaciones en las que las personas encuentran dificultades económicas para acceder a los medios de transporte necesarios para desarrollar sus actividades. No se trata únicamente de pagar un boleto elevado, sino también de tener que reducir otros consumos esenciales, como alimentos o medicamentos, para poder trasladarse, o directamente dejar de realizar viajes por falta de recursos.
En la Ciudad de Buenos Aires, el incremento de las tarifas modificó considerablemente el presupuesto destinado a la movilidad. Desde el 1 de octubre, el boleto de subte con tarjeta SUBE registrada cuesta $1.817 para los primeros 20 viajes del mes, mientras que entre los viajes 21 y 30 el valor se reduce a $1.453,60 y entre los viajes 31 y 40 baja a $1.271,90. Con este esquema de descuentos progresivos, una persona que realiza 40 viajes mensuales debe gastar $63.595.
Para dimensionar el impacto de ese monto, el análisis tomó los ingresos per cápita correspondientes al segundo trimestre de 2026. Según los datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad, el 10% de los hogares con menores ingresos tenía un ingreso per cápita promedio de $246.674, mientras que el segundo decil alcanzaba los $436.294 y el tercero los $604.219. La diferencia entre estos grupos permite observar cómo una tarifa idéntica representa esfuerzos económicos muy distintos.
En el caso del subte, los $63.595 mensuales equivalen al 25,8% del ingreso per cápita del primer decil y al 14,6% del segundo, mientras que para una persona perteneciente al 10% de mayores ingresos representan aproximadamente el 1,5%. Esto significa que el mismo gasto en transporte tiene una incidencia más de 16 veces superior para quienes se encuentran en la base de la distribución de ingresos respecto de quienes están en el sector más alto.
El colectivo presenta una situación similar, aunque con un costo nominal menor. El boleto mínimo de las líneas porteñas cuesta $920,48 con SUBE registrada, por lo que una persona que realiza 40 viajes mensuales debe destinar aproximadamente $36.819. Ese gasto representa el 14,9% del ingreso per cápita del primer decil, el 8,4% del segundo y el 6,1% del tercero, sin considerar recorridos más largos que requieren tarifas superiores.
La evolución histórica también permite dimensionar el aumento del transporte. En septiembre de 2023, el boleto de subte costaba $80 y actualmente alcanza los $1.817 en su tarifa base, lo que representa un incremento de aproximadamente 23 veces en poco más de tres años. Además, las tarifas porteñas se actualizan mediante un mecanismo que contempla la inflación y un porcentaje adicional, lo que mantiene una presión constante sobre los presupuestos familiares.
A los aumentos se sumaron modificaciones en el sistema de integración tarifaria. Los usuarios que llegan a la Ciudad en tren y continúan su recorrido en subte perdieron determinados descuentos de combinación, lo que encareció los traslados para quienes necesitan utilizar más de un medio de transporte. Si bien existen beneficios específicos para sectores vulnerables, los requisitos de acceso y las diferencias entre sistemas de descuentos limitan su alcance efectivo.
El crecimiento de los costos de movilidad introduce así una dimensión adicional de la desigualdad económica. Mientras los sectores de mayores ingresos destinan una proporción reducida de sus recursos al transporte, los trabajadores y las familias con menores ingresos deben realizar un esfuerzo considerablemente mayor para desplazarse. La evolución de las tarifas, los subsidios y los mecanismos de integración determinará en qué medida el sistema de transporte público continúa siendo accesible para quienes dependen de él diariamente.
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