4 de febrero de 2026

GARRAHAN

GARRAHAN . El Gobierno pidió el desafuero de diez gremialistas del Garrahan para avanzar con despidos

El pedido se basa en una toma del hospital ocurrida en octubre y abre un proceso administrativo y judicial que aún está en curso.

El Gobierno nacional solicitó el desafuero gremial de diez representantes sindicales del Hospital Garrahan con el objetivo de avanzar en su desvinculación laboral, tras considerar que participaron de manera activa en una toma de la dirección del establecimiento ocurrida en octubre pasado.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que los gremialistas "dirigieron y tomaron ilegalmente" sectores del hospital, lo que -según el Ejecutivo- constituye una falta grave que habilita sanciones disciplinarias. Desde el Gobierno remarcaron que el procedimiento se ajusta a los mecanismos administrativos vigentes y que, por tratarse de delegados con tutela sindical, es necesaria la intervención judicial para avanzar.

De acuerdo con la información oficial, cuatro de los diez involucrados cuentan con tutela gremial vigente, por lo que el despido no puede concretarse sin una resolución judicial previa. En ese marco, el hospital inició los trámites ante la Justicia laboral, mientras que el resto de los casos continúa bajo evaluación administrativa interna.

Desde los sindicatos, en particular la Asociacion de Trabajadores del Estado y la Asociacion del Personal Tecnico, cuestionaron el accionar del Ejecutivo y señalaron que las medidas disciplinarias forman parte de un conflicto aún no resuelto, que incluye instancias de descargo, sumarios administrativos y presentaciones judiciales en curso. También indicaron que algunos de los trabajadores ya fueron notificados de suspensiones previas.

Como cierre, el conflicto continúa abierto y la situación de los diez gremialistas dependerá del avance de los sumarios y de las decisiones judiciales respecto de la tutela sindical. Mientras tanto, el Hospital Garrahan mantiene su funcionamiento habitual, a la espera de definiciones administrativas y legales que determinen el desenlace del proceso iniciado tras los hechos de octubre.

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