14 de noviembre de 2025
Con el Decreto 805/2025, Javier Milei dio un paso clave hacia la privatización de AySA: autorizó a la futura concesionaria a cortar el servicio por falta de pago, pese a que el acceso al agua es un derecho humano.
El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto 805/2025, firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete, que establece el nuevo marco regulatorio de AySA en plena avanzada oficial para privatizar la empresa pública de agua y saneamiento que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
El decreto reafirma que el acceso al agua es un derecho esencial, pero sostiene que su prestación debe garantizar "sostenibilidad económica". Bajo ese concepto, habilita a la futura concesionaria a interrumpir el servicio por falta de pago. Para usuarios residenciales, el corte se aplicará con 60 días de mora; para los no residenciales, con 15 días, siempre contados desde el segundo vencimiento de la factura. Previamente, la empresa deberá enviar una intimación con una antelación mínima de siete días hábiles.
Una vez abonada la deuda, los costos de notificación y los cargos de corte y reconexión, la empresa deberá restituir el servicio en un plazo máximo de 48 horas. Se trata de una de las reformas más profundas en décadas para AySA, compañía cuya privatización fue habilitada por la Ley Bases, que la declaró "sujeta a privatización". Según el decreto, el proceso deberá realizarse con criterios de "transparencia, competencia y máxima concurrencia".
El Gobierno justifica la medida señalando que entre 2006 y 2023 el Estado destinó 13.400 millones de dólares a AySA sin revertir "la caída en la productividad" ni el aumento de los costos operativos. Como parte de la reestructuración, el Ejecutivo también habilitó a la empresa a usar los fondos provenientes del servicio como garantía para futuros financiamientos.
La decisión abre un conflicto inmediato con el Poder Judicial. El 13 de agosto de 2025, el Juzgado Federal N.º 2 de San Martín dictó una cautelar que suspendió un decreto anterior que también permitía el corte del servicio. La medida tuvo alcance colectivo, beneficiando a todos los usuarios.
Los abogados Luis Rodríguez Saiach y Walter Kunzman, en un análisis publicado en El Dial, advirtieron que el decreto reactiva una lógica privatizadora similar a la de los años noventa:
"Se les otorga a los privados un marco regulatorio que los favorece, aunque perjudique a los usuarios. Cortar el agua no es una estrategia de cobro: es convertir un derecho básico en herramienta de presión".
El decreto detalla los pasos:
La posibilidad de cortar el agua tensiona el debate sobre la privatización de AySA, sobre todo porque el servicio se vincula directamente con derechos básicos como la salud, la higiene y la alimentación.
El Gobierno, sin embargo, avanza sin matices: sostiene que la reestructuración es indispensable para sanear las cuentas de la empresa y hacerla "atractiva" para el proceso de privatización.
Pero la discusión recién empieza. Entre fallos judiciales, críticas jurídicas y tensiones sociales, el intento oficial de transformar un derecho esencial en una variable de mercado promete convertirse en uno de los debates más conflictivos de los próximos meses.
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