Con el Decreto 805/2025, Javier Milei dio un paso clave hacia la privatización de AySA: autorizó a la futura concesionaria a cortar el servicio por falta de pago, pese a que el acceso al agua es un derecho humano.
El ministro de Economía anunció la venta de activos del Estado por "miles de millones de dólares" con el argumento de sumar divisas al Banco Central. En paralelo, el Gobierno tomó más deuda y flexibilizó las condiciones para los inversores.
Es una de las principales empresas de tecnología energética del país.