8 de octubre de 2025
El Ministerio de Capital Humano avanzó penalmente contra Daniel Catalano por un acto de memoria en la sede de la Secretaría de Trabajo, al que calificó como "daño y desobediencia".
El conflicto entre el Gobierno y el movimiento obrero sumó un nuevo capítulo. El Ministerio de Capital Humano confirmó que imputó a Daniel Catalano, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, por la colocación de una baldosa de "Barrios x Memoria y Justicia" en homenaje a trabajadores desaparecidos. La causa se abrió bajo el sumario policial N.º 430/2025 y quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, conducida por la Dra. Laura Frecedo.
Según el comunicado oficial, los hechos ocurrieron el 7 de octubre en la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación, ubicada en Leandro N. Alem 650. El Ministerio sostuvo que la acción implicó "rotura de baldosas y colocación sin autorización" de una pieza conmemorativa, invocando los delitos de daño, daño agravado y desobediencia previstos en los artículos 183, 184 inciso 5 y 239 del Código Penal.
La cartera dirigida por Sandra Pettovello informó además que los "damnificados" en el expediente son el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Trabajo de la Nación, un hecho inédito que coloca al propio Estado en el rol de denunciante contra trabajadores estatales. El comunicado también menciona la participación de los exministros de Trabajo Carlos Tomada y Kelly Olmos, junto a representantes de la Intersindical de Derechos Humanos, ATE, Satsaid, Sutepa, CGT y CTA.
Desde el entorno gremial, la reacción fue inmediata. Dirigentes de ATE calificaron la medida como una "persecución ideológica y un ataque a la memoria de los trabajadores", recordando que las baldosas de "Barrios x Memoria y Justicia" son una política cultural extendida en todo el país desde hace casi dos décadas. "Nunca antes un gobierno había judicializado un homenaje a los desaparecidos", señalaron.
Con este hecho, el Ministerio de Capital Humano rompe un consenso histórico: por primera vez desde 1983, un gobierno nacional imputa penalmente a dirigentes por rendir homenaje a los trabajadores desaparecidos, marcando un nuevo punto de quiebre en la relación entre el Estado y el movimiento sindical.
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