AYSA. El agua como negocio: concesión por 30 años, tarifas y cortes por falta de pago

El Gobierno nacional formalizó el nuevo contrato de concesión de AySA, en una medida que marca un nuevo paso hacia la privatización del servicio de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema de concesión por al menos 30 años -con posibilidad de prórroga- y redefine el sistema tarifario, incorporando mecanismos de actualización periódica y habilitando cortes del servicio por falta de pago.

El nuevo marco introduce cambios de fondo en la lógica del servicio. Se consolida un modelo en el que la sustentabilidad económica dependerá directamente de las tarifas, dejando atrás el esquema basado en subsidios estatales. En ese sentido, el contrato prevé aumentos escalonados y ajustes vinculados a costos operativos, al tiempo que elimina progresivamente los subsidios, trasladando el peso del financiamiento a los usuarios.

Uno de los puntos más sensibles es el endurecimiento del régimen de cobro. El esquema habilita cortes del servicio tras 60 días de mora para usuarios residenciales y 15 días para no residenciales, además de la aplicación de multas, recargos e intereses por atraso. Incluso se contempla la posibilidad de cortes sucesivos si la deuda no se regulariza, junto con inspecciones posteriores.

A su vez, se incorporan penalidades económicas adicionales: cargos por mora, recargos financieros y sanciones que pueden alcanzar hasta un 50% más en el caso de usuarios no residenciales. El acceso al agua queda así cada vez más condicionado a la capacidad de pago, en un contexto de caída del poder adquisitivo y aumento del costo de vida.

En paralelo, el nuevo contrato establece que no habrá revisiones integrales de precios en el corto plazo, aunque sí se mantendrán mecanismos de actualización periódica y revisiones extraordinarias en caso de variaciones de costos. La empresa proyecta un esquema de incrementos que, según estimaciones, podría implicar subas significativas en los próximos años.

Sin embargo, uno de los aspectos que genera mayor controversia es la situación judicial. Actualmente, una medida cautelar de la Justicia Federal mantiene suspendida la posibilidad de cortes en usuarios residenciales, especialmente en sectores vulnerables, lo que introduce un escenario de incertidumbre sobre la aplicación plena del nuevo esquema.

El avance sobre AySA se inscribe en una política más amplia de reconfiguración del rol del Estado en los servicios públicos. El modelo que se consolida prioriza la lógica empresarial por sobre el acceso universal, trasladando costos y riesgos a los usuarios. En ese marco, el agua -un derecho esencial- queda cada vez más expuesta a las reglas del mercado.