27 de septiembre de 2026
La caída del empleo formal reduce la cobertura de salud de los trabajadores y aumenta la demanda sobre los hospitales estatales.
La pérdida del trabajo no termina en el salario que deja de entrar a una casa. También puede implicar quedarse sin la obra social y pasar a depender exclusivamente del sistema público de salud. Casi 735.000 personas perdieron su cobertura de obra social o medicina prepaga entre fines de 2023 y el primer cuatrimestre de 2026, según un relevamiento del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), elaborado con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). El deterioro del empleo traslada así sus consecuencias a los hospitales, que reciben una mayor demanda de atención.
El escenario contrasta con la promesa de prosperidad que Javier Milei utilizó para defender su programa económico. En su mensaje del 30 de diciembre de 2023, el Presidente sostuvo que sus reformas permitirían multiplicar por diez el producto por habitante en un plazo de 45 años y alcanzar niveles similares a los de Irlanda. Mientras aquella proyección apuntaba a un futuro de mayores ingresos, la pérdida de puestos de trabajo y de cobertura médica marca el presente de miles de familias.
Entre finales de 2023 y la primera parte de 2026 se perdieron cerca de 330.000 puestos de trabajo en la Argentina. La misma, recoge estimaciones privadas que ubican en alrededor de 61.000 los empleos perdidos solamente durante lo transcurrido de este año. Entre las consecuencias de ese retroceso aparece la interrupción de la cobertura de salud vinculada al empleo.
El relevamiento de Idesa permite observar ese movimiento. Al cierre de 2023, poco más de 18 millones de personas contaban con una obra social, mientras que alrededor de 1,5 millones tenían cobertura de medicina prepaga dentro del universo relevado. Para el primer cuatrimestre de 2026, esas cantidades se habían reducido a aproximadamente 17,4 millones y 1,4 millones, respectivamente.
En términos precisos, el informe citado por el diario contabiliza 629.384 personas menos con obra social y 105.521 menos con medicina prepaga. Ambas variaciones suman 734.905 personas. Son trabajadores y otros beneficiarios que dejaron de contar con esas coberturas en un contexto de pérdida de empleo y crecimiento de la informalidad.
La publicación agrega que esas casi 735.000 personas se sumaron a otras 516.000 que ya se encontraban en una situación de dependencia de la atención pública. De esa manera, ubica en alrededor de 1,2 millones el total considerado en ese cálculo, realizado sobre los datos de la EPH. La distinción es importante: esa cifra reúne a quienes perdieron cobertura y a quienes ya estaban en esa situación; no corresponde presentar a todo ese grupo como nuevas bajas de obras sociales o prepagas.
La presión sobre los hospitales también aparece en los registros de atención. Según los datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación y de las direcciones provinciales, el volumen anual de atención en establecimientos estatales ronda los 100 millones, por encima de los entre 90 y 95 millones que la nota utiliza como referencia para 2019. Se trata de una medida de actividad del sistema, que no debe confundirse con una cantidad de pacientes únicos.
Los indicadores laborales permiten dimensionar el problema. De acuerdo con los datos del Indec reproducidos en el artículo, la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026, equivalente a alrededor de 1,8 millones de personas desempleadas. La tasa superó el 7,6% del mismo período de 2025 y, según la publicación, implicó unos 100.000 desocupados adicionales en un año.
A ese panorama se suma el avance del trabajo informal. La nota señala que, dentro de la población ocupada, la participación del empleo formal descendió del 56,6% al 54,9%, mientras que la del informal pasó del 43,2% al 45%. También estima que más de 550.000 trabajadores se incorporaron a la informalidad, llevando el total a casi 10 millones. Para quienes carecen de otra cobertura, la ausencia de un empleo registrado deja al hospital público como principal lugar de atención.
En el mercado de la medicina prepaga, las empresas presentan una medición distinta de la que surge del relevamiento citado. El sistema privado cuenta con unos 8,4 millones de personas, una cantidad prácticamente igual a la del año anterior. Ese registro y las cifras basadas en la EPH provienen de fuentes diferentes y no deben interpretarse como una misma serie.
La estabilidad del número informado por las compañías tampoco implica que las condiciones de acceso se hayan mantenido. La publicación señala que al menos la mitad de los socios de las prepagas accede a través de beneficios corporativos, por lo que perder el empleo puede significar también perder el plan de salud. Entre quienes permanecen dentro del sistema, algunas personas optan por pasarse a planes más económicos para sostener la cobertura.
En este contexto, el Gobierno incluyó un aumento de las partidas sanitarias en el proyecto de Presupuesto 2027. Según la nota, la propuesta contempla $12,8 billones para Salud, frente a los $11 billones previstos para 2026. El incremento interanual informado es del 16%, mientras que la comparación con 2023 arrojaría una suba real del 30%, de acuerdo con los cálculos reproducidos por el diario. Se trata de una previsión presupuestaria pendiente de aprobación legislativa, no de recursos ya ejecutados.
La distribución de las responsabilidades también importa. el informe señala que diez hospitales públicos dependen del presupuesto nacional: cinco bajo dependencia íntegra de la Nación y otros cinco con administración compartida. Al mismo tiempo, la mayor demanda alcanza a establecimientos provinciales y a otros centros estatales, por lo que la respuesta sanitaria involucra a distintas jurisdicciones.
Para los trabajadores, el deterioro del empleo tiene así un doble impacto: reduce los ingresos del hogar y puede interrumpir la cobertura médica asociada al puesto de trabajo. Los hospitales públicos absorben parte de esa demanda adicional, mientras las cifras citadas muestran menos personas con obra social, más informalidad y un aumento de la desocupación. La discusión del presupuesto sanitario para 2027 se dará sobre ese escenario, con mayores necesidades de atención y recursos cuya asignación todavía debe tratar el Congreso.
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