LÁCTEOS VIDAL. Atilra denunció que Lácteos Vidal habría recibido fondos del narco Fred Machado y los trianguló hacia la campaña de Patricia Bullrich

El conflicto judicial entre la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (Atilra) y la empresa Lácteos Vidal sumó un capítulo explosivo. El gremio presentó un escrito ante la Justicia Federal solicitando investigar presuntos vínculos entre la firma y operaciones de narcotráfico, triangulación de fondos ilícitos y violaciones a los derechos laborales.

De acuerdo con el documento judicial, la presentación se enmarca en la Causa N° 31095/2025 - "Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar", donde el sindicato incorporó pruebas que indicarían transferencias millonarias desde cuentas asociadas al empresario detenido por narcotráfico Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

Según Atilra, "la presentación judicial se apoya en documentación de la Justicia de los Estados Unidos, que confirma transferencias millonarias desde cuentas vinculadas a Machado hacia Bada Vázquez". Los registros, incluidos en planillas del Bank of America dentro de la causa instruida en Texas contra Machado y Debra Mercer-Erwin por lavado de activos de cocaína, mostrarían que la titular de Lácteos Vidal aportó luego $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023, lo que refuerza las sospechas de una triangulación de fondos de origen ilícito hacia la política argentina.

El gremio lácteo también apuntó contra el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), vinculado a Florencia Arietto y al espacio político de Bullrich, que defendió públicamente a la empresa en el pasado. "Lejos de ser una víctima de bloqueos sindicales, Lácteos Vidal acumula denuncias por despidos persecutorios, fraude laboral, incumplimiento de fallos judiciales y hasta amenazas con armas de fuego contra sus trabajadores", remarcaron desde Atilra.

En el mismo sentido, recordaron que "durante la pandemia, la empresa obligó a empleados a trabajar sin medidas mínimas de seguridad sanitaria, provocando la muerte de un obrero por Covid-19". Las imágenes en las que Bada Vázquez increpaba a trabajadores con un arma recorrieron el país y se convirtieron en símbolo de un modelo empresarial violento y antisindical.

El abogado de Atilra, Julián Coronel, advirtió en su escrito que "librar oficios de levantamiento en este contexto implica facilitar maniobras ilícitas vinculadas al narcotráfico", y reclamó que la Justicia "impida cualquier movimiento procesal que pueda favorecer el blanqueo de capitales".

Para el sindicato, el caso "ya no puede ser reducido a un conflicto gremial, sino que expone un entramado de poder, negocios ilícitos y violencia laboral". Según el texto presentado, "el cruce entre poder económico, narcotráfico y política amenaza el orden público y la seguridad jurídica del país".

Finalmente, Atilra advirtió que "la Cámara tiene la obligación institucional y moral de frenar estas maniobras", subrayando que avalarlas significaría "dejar la puerta abierta a un sistema donde el narcotráfico financia empresas y campañas políticas con total impunidad", mientras se vulneran los derechos más elementales de los trabajadores.