31 de marzo de 2025
Impide la negociación colectiva en más de 30 organismos federales, desatando un conflicto con los sindicatos y sembrando la discordia en sectores clave de la administración pública.
El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, firmó una controvertida orden ejecutiva que prohíbe la negociación colectiva en más de 30 organismos federales,
lo que representa un drástico golpe a los derechos laborales de los empleados
públicos. La medida, presentada bajo el pretexto de "seguridad nacional",
impide que los trabajadores de entidades clave como el Departamento de Defensa, la
Agencia de Protección Ambiental, y la
Patrulla Fronteriza discutan mejoras salariales y condiciones laborales con
sus empleadores.
Según la Casa Blanca, la presencia de sindicatos en organismos federales
como el Departamento de Seguridad Interior y el Departamento del Tesoro
representa una obstrucción a la eficacia de la gestión en áreas relacionadas
con la seguridad nacional. Trump
justificó la decisión al afirmar que la negociación colectiva en sectores clave
como la seguridad fronteriza y la protección del medio ambiente amenaza la estabilidad
de los Estados Unidos.
La prohibición también afecta a sectores sensibles como el Departamento de Asuntos de los Veteranos,
donde el trabajo de los empleados es esencial para la atención médica de los
militares heridos. La medida se extiende aún a la Fundación Científica Nacional, que realiza
investigaciones vinculadas a la seguridad cibernética y militar, en una clara
muestra de que la seguridad nacional prevalece sobre los derechos laborales,
según el gobierno.
La decisión fue rápidamente rechazada por los sindicatos, que la calificaron de un ataque directo a los derechos
de los trabajadores. Liz Shuler,
presidenta de la AFL-CIO, condenó la
acción como una "venganza contra los sindicatos",
al tiempo que alertó sobre los perjuicios que sufrirán millones de empleados
públicos que ya no podrán organizarse para defender sus condiciones laborales.
Además, la Federación Estadounidense de Trabajadores Públicos (AFGE)
advirtió que la medida busca intimidar a los empleados públicos y debilitar el
movimiento sindical en un momento crucial, a menos de un año de las elecciones
presidenciales de 2024.
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