PRIVATIZACIONES. La entrega avanza: el Gobierno convirtió once empresas públicas en sociedades anónimas y se prepara para privatizar

Siguiendo con los planes entreguistas dispuestos por el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Javier Milei profundiza su plan de privatización de empresas públicas. En esa dirección, durante esta semana convirtió a Ferrocarriles Argentinos en Sociedad Anónima y avanzó en el mismo sentido con la Administración General de Puertos, Fabricaciones Militares y el sistema de medios públicos -incluida Télam-, entre otras.

El primer paquete alcanza a unas once empresas y marca el inicio de una nueva etapa privatizadora, en paralelo con las reformas estructurales que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso en 2026, como la laboral, penal, tributaria y, más adelante, la previsional. Una verdadera masacre para el patrimonio de los argentinos, con años de inversión, empresas estratégicas y bienes y servicios que ahora será solo lucro para el sector privado.

De acuerdo a lo publicado por Página/12, la estrategia del Gobierno apunta a cerrar 2025 con el camino despejado para ejecutar ese plan. La Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Daniel Vítolo, concluyó esta semana el proceso de conversión de las Sociedades del Estado Nacional en Sociedades Anónimas "comunes", un paso clave para habilitar su futura venta.

La tarea de la IGJ se concentró en asistir a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que encabeza Diego Chaher y depende del Ministerio de Economía. Será ese organismo el encargado de avanzar ahora con el proceso de desguace y privatización del patrimonio estatal.

Según confirmaron desde la IGJ, las empresas que pasaron de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima son: la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Contenidos Públicos, Edu.Ar, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Fabricaciones Militares, la Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda, Télam y, recientemente, Ferrocarriles Argentinos.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas quedó bajo la órbita del Ministerio de Economía, que conduce Luis "Toto" Caputo, luego de una reestructuración del gabinete dispuesta por Milei en julio del año pasado. La decisión implicó quitarle esa área a la Jefatura de Gabinete y concentrar en Economía el control del proceso privatizador. Así, crece el poder de Caputo, que es sin dudas junto a Karina Milei de los nombres más fuertes del Gobierno.

Con el trabajo de la IGJ finalizado, la responsabilidad queda ahora en manos del Palacio de Hacienda. No es la primera tarea sensible de Chaher en el gobierno libertario: anteriormente se desempeñó como interventor de Télam.

La conversión de las empresas se realizó en el marco del DNU 70/2023, firmado al inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Desde el oficialismo sostienen que, de este modo, las sociedades quedan alcanzadas por la Ley General de Sociedades N° 19.550, "en igualdad de condiciones con las empresas privadas y sin prerrogativas públicas".

El objetivo inmediato es avanzar con las privatizaciones ya habilitadas por el Congreso en la Ley Bases, pero también avanzar -mediante distintos mecanismos legales- sobre empresas para las cuales el Gobierno no obtuvo aval parlamentario. Una maniobra a tono con la falta legitimidad y transparecia vista en el último tiempo.

La Ley Bases autorizó la privatización parcial de Energía Argentina SA e Intercargo SAU y dejó abiertas a privatización o concesión a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas y Logística, la Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales SA.

En el entorno presidencial repiten sin disimulo que la meta final es "privatizar todo". Sin embargo, en casos como Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), ARSAT, Aerolíneas Argentinas, Intercargo o el Banco Nación, el Ejecutivo debería volver a pasar por el Congreso y reunir las mayorías necesarias.

En febrero de 2025, Milei firmó el decreto 116/25, que transformó al Banco Nación en Sociedad Anónima. Días después, avanzó con el decreto 115/25 para hacer lo mismo con YCRT, la empresa minera y energética ubicada en Santa Cruz, que ya había sido privatizada en los años 90 durante el menemismo, con consecuencias negativas para el sector.

Mientras el DNU 70/23 continúe vigente, la IGJ mantiene la facultad de convertir sociedades del Estado en S.A. No obstante, desde la oposición advierten que los artículos 8 y 9 de la Ley de Reforma del Estado establecen que el Estado debe conservar la mayoría accionaria, salvo que una ley disponga lo contrario.

Cabe recordar que en la versión original de la Ley Bases el Gobierno buscaba privatizar 41 empresas, entre ellas ARSAT, Banco Nación, Casa de la Moneda, Fabricaciones Militares, YPF y Aerolíneas Argentinas. Tras negociaciones, la lista se redujo primero a once y luego a nueve. Antes de la votación final, el oficialismo anunció que quedaban fuera Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina.

Aun así, desde la Casa Rosada siguen explorando caminos para avanzar sobre empresas que el Congreso decidió preservar bajo control estatal, profundizando la tensión entre poderes. Sigue así el entreguismo del Gobierno libertario, que llegó para destruir las capacidades estatales y transferir recursos y negocios al sector privado.