30 de diciembre de 2025
Aunque muestra un leve aumento nominal, el Presupuesto de Defensa para 2026 implica una fuerte caída real por inflación, concentra casi el 80% de los recursos en salarios y elimina el piso legal para la inversión militar.
El Presupuesto 2026 previsto para el Ministerio de Defensa confirma una orientación de ajuste, en especial en partidas clave como funcionamiento, adiestramiento, compra de bienes y salarios. El presupuesto confirma algo que desde dentro de las Fuerzas Armadas se viene denunciando en off: un Gobierno que prioriza algunas compras de armamento con impacto mediático, pero que no financia al sector ni mejora los golpeados salarios.
El análisis más detallado sobre el Presupuesto surge de un estudio elaborado por la Coordinación de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, a cargo de Marcelo Seghini. Según ese trabajo, "el presupuesto de la jurisdicción Defensa para 2026 en Argentina, aprobado por el Senado el pasado viernes, asciende a aproximadamente $3.583.051 millones (3,58 billones), representando un aumento nominal, pero una caída real significativa respecto a 2025 debido a la alta inflación".
El informe subraya además que cerca del 78% de los créditos asignados, unos $2.808.383 millones, se destinan a gastos de personal -sueldos y cargas sociales-, lo que reduce al mínimo la capacidad operativa y de inversión del área.
El ajuste en Defensa es tan grande que se abre el interrogante de cómo se financiará el mantenimiento y puesta en funcionamiento final de los F16 recientemente llegados al país. Una de las hipótesis más firmes es el eventual recurso a créditos internacionales. Es decir, más deuda.
Defensa arrastra problemas sin resolver. Durante la gestión del exministro Luis Petri se profundizaron crisis sensibles, como la de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que mantiene deudas millonarias, un funcionamiento deficitario y pone en vilo a unos 600.000 afiliados. A eso se suman reclamos pendientes por aumentos salariales y otras promesas a los uniformados, que ahora quedarán bajo la órbita del nuevo titular de la cartera, Luis Presti. Además, la gestión de Petri frenó el proceso de equiparación de los salarios de las Fuerzas Armadas al de las fuerzas de seguridad nacionales, algo que era visto muy bien por los efectivos militares.
La lectura de los datos confirma que se trata de un presupuesto de ajuste. El incremento nominal es de apenas 1,5%, calculado sobre una pauta inflacionaria del 10,1% para 2026, una previsión que en el propio sector consideran poco creíble. Si la inflación supera ese nivel, el recorte real será aún mayor. De hecho, como señala un informe reciente, el Presupuesto 2025 terminó siendo el más bajo de los últimos cuatro años, al tomar como base el de 2023 -prorrogado durante la gestión de Alberto Fernández- sin una actualización adecuada por inflación.
Los datos del Informe de Seguimiento de la Ejecución Físico-Financiera de la Oficina Nacional de Presupuesto refuerzan esa tendencia. Al cierre del tercer trimestre, el gasto en la función Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo en cuatro años. El propio documento oficial advierte que "se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023".
Otro punto crítico es la eliminación, desde 2024, de los recursos del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF), que se nutría de ingresos corrientes. El Presupuesto 2026 profundiza ese rumbo: el artículo 30 deroga la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, dejando esa asignación sin un piso legal fijo.
Sobre el impacto de esta decisión, Seghini es categórico: "La estructura presupuestaria condena a las Fuerzas Armadas a operar con fondos exiguos para inversión, priorizando gastos de personal por encima de la modernización".
El ajuste convive, además, con un proceso de incorporación de material militar ya en marcha. En los últimos meses llegaron los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca y cuatro de los vehículos blindados 8×8 Stryker comprados a Estados Unidos. A eso se suma la intención oficial de volver a dotar a la Armada de capacidad submarina, con la posible adquisición de unidades Scorpene de origen francés. Sin un esquema de financiamiento claro y con un presupuesto sin piso para la inversión, el interrogante sobre la sostenibilidad de ese plan sigue abierto. Y mientras tanto, los salarios siguen siendo postergados.
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