7 de octubre de 2026
La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su preocupación por la eliminación de las restricciones y reclamó preservar la tierra como un bien estratégico para el país.
La Iglesia Católica se sumó a los cuestionamientos por la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La Comisión Episcopal de Pastoral Social expresó su preocupación por el nuevo escenario abierto tras la decisión de la Corte Suprema sobre el DNU 70/2023 y reclamó preservar el territorio nacional.
El pronunciamiento se produjo luego de que el máximo tribunal restituyera la vigencia del artículo 154 del decreto impulsado al comienzo del gobierno de Javier Milei, disposición que contempla la liberalización del régimen vigente para la adquisición de tierras rurales.
A través de un comunicado, la Comisión Episcopal apeló a la "responsabilidad" de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales para garantizar "la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación".
La posición de la Iglesia se conoce mientras el Congreso mantiene abierto el debate sobre cambios en el régimen de propiedad rural. El oficialismo había incluido disposiciones vinculadas con la extranjerización de tierras dentro de sus iniciativas legislativas, aunque algunos artículos debieron ser retirados ante la falta de respaldo suficiente.
La preocupación eclesiástica no comenzó con el fallo judicial. En junio, distintas áreas de la Iglesia ya habían difundido un documento dedicado a la propiedad privada, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, en el que plantearon reparos sobre una liberalización sin restricciones.
Uno de los conceptos centrales de aquella posición sostiene que la tierra no debe ser considerada únicamente "una mercancía" o un simple recurso económico. El documento vinculó la discusión con la doctrina social de la Iglesia y con la necesidad de preservar recursos estratégicos para las generaciones futuras.
El planteo fue respaldado públicamente por distintos dirigentes políticos. Entre ellos, el gobernador bonaerense Axel Kicillof difundió el pronunciamiento y volvió a cuestionar la eliminación de las restricciones que regían para la adquisición de grandes extensiones rurales por parte de capitales extranjeros.
La discusión excede la propiedad individual y alcanza también el control de recursos naturales, agua y zonas consideradas estratégicas. La normativa que regulaba la extranjerización establecía límites a la cantidad de tierras rurales que podían quedar en manos extranjeras, restricciones que el Gobierno buscó eliminar mediante el DNU 70/2023.
Con el pronunciamiento de la Iglesia, el debate por la propiedad de la tierra vuelve a sumar presión política e institucional, mientras el Congreso discute cambios sobre el régimen vigente y continúa abierta la controversia por los alcances de la decisión de la Corte Suprema.
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