AJUSTE. Sin nomenclador, sin pensiones, sin garantías: el plan del Gobierno para desmantelar la discapacidad

El Gobierno nacional retoma una batalla que perdió hace menos de un año. El ministro de Salud, Mario Lugones, envió al Senado un proyecto de ley titulado "contra el fraude de pensiones por invalidez" que, en los hechos, derriba los pilares fundamentales de la ley de emergencia en discapacidad que el Congreso sancionó e insistió en 2025. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el propio Lugones.

La iniciativa ingresó por el Senado, donde La Libertad Avanza cuenta con una correlación de fuerzas más favorable que en Diputados. Pero el antecedente inmediato no es alentador: el año pasado, la ley de emergencia en discapacidad -junto con el debate por el presupuesto universitario- no solo unificó a toda la oposición, sino que además le costó al oficialismo la pérdida de un capítulo entero del Presupuesto 2026. Dos heridas que ahora vuelven a abrirse al mismo tiempo.

El cambio más profundo apunta al acceso a las pensiones por invalidez. El proyecto abandona el criterio de "protección social" basado en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y vuelve al viejo esquema de invalidez laboral: solo podrán acceder quienes estén imposibilitados de trabajar. En la práctica, esto deja afuera a miles de personas con discapacidad que hoy combinan su condición con alguna forma de inserción laboral parcial. Además, la pensión pasa a ser incompatible con cualquier vínculo laboral registrado o inscripción tributaria, sin excepciones.

El segundo eje es igualmente grave: se elimina el nomenclador, el sistema de aranceles únicos y universales que garantizaba valores homogéneos en todo el país para terapias, acompañantes, centros de día y transporte. Si el proyecto avanza, esos precios quedarán librados a la negociación entre cada obra social o prepaga y cada prestador. Las grandes prepagas -con mayor volumen de afiliados- estarán en condiciones de imponer sus condiciones, mientras que las obras sociales más pequeñas quedarán en clara desventaja.

A esto se suma el desmantelamiento del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), financiado con el 15% de los aportes de obras sociales y prepagas, que hoy equilibra los costos entre entidades de distinto tamaño. Sin ese respaldo, el sistema se fragmenta y las prestaciones quedarán sujetas a la capacidad de pago de cada cobertura. Las actualizaciones serán trimestrales y no estarán atadas a la inflación, lo que anticipa un deterioro sostenido del valor real de los servicios.

El proyecto también endurece los controles: auditorías con cruces de datos entre Anses y ARCA que podrían derivar en suspensiones preventivas, y un reempadronamiento obligatorio en no menos de 90 días: quien no actualice sus datos podría perder automáticamente la prestación. Para muchas familias sin acceso digital o con dificultades de movilidad, ese plazo puede convertirse en una trampa.

La movida no está exenta de tensiones internas. Lugones responde al asesor presidencial Santiago Caputo, cuyo vínculo con Karina Milei atraviesa uno de sus momentos más ásperos. La avanzada sobre discapacidad vuelve a poner en evidencia las diferencias entre el ala "caputista" del Gobierno, que empuja reformas sin medir costos políticos, y el sector de la secretaria general, más inclinado a administrar los tiempos. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya había intentado el año pasado desactivar el conflicto ofreciendo un aumento a los prestadores; fue ignorado, el oficialismo sufrió la derrota y él quedó gestionando las consecuencias.

El escenario se complica aún más por una causa judicial abierta en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): el exdirector Diego Spagnuolo está bajo investigación por presuntos pedidos de coimas a proveedores de insumos. La causa, a cargo del fiscal Franco Piccardi, tiene entre los mencionados a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem. El ruido judicial agrega una capa de complejidad a un debate que ya es de por sí explosivo.

Mientras el proyecto espera su tratamiento en el Senado, organizaciones y familias de personas con discapacidad ya convocaron a una movilización para este miércoles a las 11 frente al Ministerio de Salud. El conflicto, lejos de cerrarse, vuelve a escalar. Y el Gobierno enfrenta otra vez la misma encrucijada: una reforma que necesita para ajustar el gasto, pero que le cuesta más de lo que ahorra.