22 de septiembre de 2026
Los servicios públicos continúan presionando sobre los ingresos: desde diciembre de 2023 acumulan aumentos muy por encima de la inflación.
Una familia del Área Metropolitana de Buenos Aires que no recibe subsidios necesita actualmente $268.405 por mes para afrontar electricidad, gas, agua y transporte público, de acuerdo con el último relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP UBA-Conicet. La cifra bajó 7,3% frente a agosto por el menor consumo de energía tras el invierno, pero los servicios siguen teniendo un peso considerable sobre los ingresos: equivalen al 14,6% del salario promedio registrado.
El alivio de septiembre, de todos modos, fue exclusivamente estacional. En comparación con igual mes del año pasado, la canasta de servicios públicos aumentó 55%, frente a una inflación estimada del 33%, por lo que volvió a crecer en términos reales. La diferencia es todavía mayor al extender la comparación: desde diciembre de 2023 los servicios acumulan una suba del 867%, mientras que el nivel general de precios avanzó alrededor del 254%.
Para los trabajadores que se trasladan todos los días, el principal impacto está en el transporte. Colectivos y otros medios de movilidad concentran ya el 47% de toda la canasta, con un gasto estimado de $126.689 mensuales, y fueron además el rubro que más se encareció durante el último año. El aumento interanual ronda el 70% y explicó más de la mitad del incremento total de los servicios.
La evolución del boleto muestra además fuertes diferencias dentro del propio AMBA. El mínimo de los colectivos bajo jurisdicción porteña ronda los $888, mientras que en las líneas provinciales del conurbano llega a $1.164. Las líneas nacionales que atraviesan distintas jurisdicciones mantienen un mínimo menor, cercano a $743. En Ciudad y Provincia funcionan mecanismos de actualización ligados a la inflación, mientras que Nación determina los incrementos de sus líneas sin una fórmula automática.
Dentro del hogar, la presión también continúa. Para una familia sin subsidios, la electricidad demanda alrededor de $49.770 mensuales, el gas $49.370 y el agua $42.576. En doce meses, las facturas crecieron aproximadamente 48%, 42% y 40%, respectivamente, porcentajes que también superan la evolución general de los precios.
El deterioro se observa con mayor claridad cuando se compara el gasto con los ingresos laborales. Según el IIEP, un salario promedio registrado alcanza actualmente para cubrir 7,5 canastas de servicios públicos, frente a las 8,9 que podía afrontar un año atrás. Es decir que, aun con la desaceleración inflacionaria, una porción mayor del ingreso de los trabajadores debe destinarse a gastos indispensables antes de afrontar alimentos, alquiler, salud u otros consumos.
El esquema todavía conserva subsidios estatales. En promedio, las tarifas que abonan los hogares cubren cerca del 54% del costo de prestación y el Estado financia el 46% restante, aunque la situación cambia según cada servicio. El transporte tiene la cobertura tarifaria más baja, cercana al 35%, mientras que en agua alcanza el 100%. El proyecto de Presupuesto 2027 plantea reducir los subsidios a energía y transporte del 0,64% al 0,53% del PBI, con la meta de elevar la proporción de los costos cubierta mediante tarifas.
La evolución de los próximos meses estará determinada por los nuevos aumentos del transporte, las tarifas energéticas, la política de subsidios y, fundamentalmente, lo que ocurra con los salarios. Para millones de trabajadores del AMBA, la discusión ya no pasa solamente por cuánto aumenta cada factura, sino por qué proporción del ingreso mensual queda comprometida en servicios indispensables antes incluso de comenzar a cubrir el resto del costo de vida.
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