30 de septiembre de 2026
El juez Casanello dictó el procesamiento por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La obra social fue intervenida por el Gobierno en 2024.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Sergio Aguirre, ex socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a los ex interventores de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), Virginia Montero y Marcelo Petroni, por un presunto desvío de fondos que debían destinarse a la salud de los trabajadores rurales.
Según la causa, que impulsó el fiscal Guillermo Marijuán, Osprera contrató en 2024 a Htech Innovation SA, una firma sin empleados, sin movimientos bancarios previos y sin página web. Por supuestos servicios de "consultoría técnica en sistemas" y "asesoría estratégica", la obra social le pagó cerca de $247 millones según el juez, y $266 millones según otras versiones de la investigación. El primer cheque se presentó el 12 de noviembre de 2024 y el último pago fue el 11 de julio de 2025.
Aguirre, socio de Htech, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. También fue procesada la presidenta de la firma, María Casandra Mirabelli, como partícipe necesaria. A todos se les prohibió salir del país y se les impuso un embargo de $1.463 millones. El accionista Stefano Zanetti quedó con falta de mérito..
Los nexos con el poder
El fallo sostiene que Aguirre fue el "nexo" entre el poder político y la conducción de la obra social. La resolución cita los mensajes que le envió a Petroni el 22 de noviembre de 2024: "Hola Marcelo, me dijeron que ayer lo firmaba. Hoy lo llamo a Lule". Se refiere a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional y hermano de Martín. La causa también registra reuniones en Casa Rosada con el funcionario.
El Gobierno había intervenido Osprera a través de la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, con el argumento de una crisis económica. Montero fue la primera interventora, de agosto a noviembre de 2024. Petroni la reemplazó y se mantuvo hasta enero de este año. Según el juez, se simuló una urgencia para justificar una contratación directa, no se evaluaron precios de mercado y se ordenó pagar servicios antes de contratarlos.
Lo que está en juego
Los fondos de una obra social sindical son aportes de los trabajadores y están destinados a la cobertura de salud. El juez advirtió que esos recursos "fueron derivados hacia contrataciones" sin necesidad ni eficacia justificadas. Para los peones rurales, que dependen de Osprera para su atención, la causa expone qué pasó con ese dinero durante la intervención.
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