Sindicatos. Otro traspié de Sturzenegger: el nuevo sistema de indemnizaciones todavía no está listo

El Gobierno nacional evalúa una nueva postergación de la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el mecanismo establecido por la reforma laboral para financiar el pago de indemnizaciones y obligaciones derivadas de conflictos judiciales laborales. Aunque su implementación estaba prevista para el próximo 1 de noviembre, fuentes del sector financiero señalaron que podría demorarse hasta diciembre, debido a dificultades operativas y pedidos de los administradores de los fondos.

El nuevo esquema ya había sufrido una primera modificación en su cronograma. Originalmente debía comenzar a funcionar en junio, pero el Ejecutivo resolvió en mayo extender cinco meses el plazo de implementación. De concretarse el nuevo aplazamiento, se trataría de la segunda prórroga desde la aprobación de la normativa por parte del Congreso Nacional.

Según trascendió de las conversaciones mantenidas entre representantes del mercado financiero y funcionarios nacionales, cámaras de fondos comunes de inversión y fondos fiduciarios solicitaron un mes adicional para adaptar sus estructuras al sistema. Sin embargo, fuentes oficiales todavía no confirmaron formalmente la modificación del calendario, por lo que continúa vigente la fecha de inicio establecida por decreto.

El Fondo de Asistencia Laboral contempla la incorporación obligatoria de aproximadamente 550.000 empleadores de todo el país, entre pequeñas, medianas y grandes empresas. La adhesión será exigida independientemente de la cantidad de trabajadores registrados en cada establecimiento. El esquema establece excepciones para el empleo público, los trabajadores de la construcción y el personal de casas particulares.

Uno de los principales desafíos para su implementación está relacionado con las modificaciones que deben realizar las empresas y las entidades administradoras. El funcionamiento del FAL requiere adaptaciones en los sistemas internos de liquidación y aportes, además de mecanismos de vinculación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismos involucrados en la supervisión del nuevo sistema.

Otro de los puntos en discusión es el período mínimo durante el cual los fondos deberán permanecer invertidos antes de poder utilizarse. La reglamentación estableció inicialmente seis meses de aportes en la cuenta financiera de cada empresa, pero representantes del mercado de capitales solicitaron extender ese plazo a doce meses. El planteo responde a la necesidad de garantizar un mayor volumen de recursos administrados y evitar retiros anticipados que puedan afectar la estabilidad de los fondos.

El funcionamiento del FAL también implica una modificación en el destino de una parte de los aportes patronales. De acuerdo con el esquema previsto, el 2,5% correspondiente a las pymes y el 1% para el resto de las empresas dejarán de dirigirse al sistema previsional y pasarán a financiar las cuentas administradas en el mercado financiero. El mecanismo no supone, en términos generales, un incremento de la cantidad total de contribuciones empresariales, sino una redistribución de esos recursos.

Esta modificación también tiene consecuencias sobre los ingresos del sistema de seguridad social. En el proyecto de Presupuesto 2027, el propio Gobierno incorporó una estimación del impacto fiscal del FAL y calculó que la reducción de recursos provenientes de aportes a la Seguridad Social representará cerca del 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI). La eventual postergación también plantea interrogantes sobre el momento a partir del cual comenzará a producirse esa transferencia de fondos.

Para que el nuevo cronograma entre en vigencia será necesaria una decisión oficial publicada en el Boletín Oficial, dado que el inicio previsto para noviembre fue establecido mediante un decreto. Si se confirma el aplazamiento, el FAL comenzaría a funcionar en diciembre y los aportes serían transferidos a las entidades administradoras desde enero de 2027. Hasta tanto se formalice una modificación, el calendario vigente mantiene el 1 de noviembre como fecha de implementación.