Política. Otra más de Sturzenegger: el plan de Bullrich que Milei hizo propio y no deja de traerle problemas

Federico Sturzenegger volvió a quedar en el centro de una polémica que terminó obligando al Gobierno de Javier Milei a dar marcha atrás. Esta vez, el ministro de Desregulación impulsó una reforma del mercado financiero que incluía un impuesto del 15% sobre determinadas ganancias obtenidas por la compraventa de Cedear. La iniciativa fue firmada por el Presidente y otros integrantes del gabinete, enviada al Congreso y retirada apenas tres días después, cuando el rechazo del mundo financiero encendió las alarmas dentro del propio oficialismo.

El episodio tiene una particularidad que lo diferencia de otros conflictos protagonizados por Sturzenegger: esta vez la medida afectaba directamente a los ahorristas e inversores que operan en el mercado de capitales, un universo especialmente cercano a las ideas económicas que defiende el Gobierno. Mientras las desregulaciones laborales, productivas y comerciales habían generado enfrentamientos con sindicatos, empresas nacionales y distintos sectores sociales, el intento de modificar el tratamiento impositivo de los Cedear provocó cuestionamientos desde el propio mundo financiero.

Para comprender el lugar que ocupa Sturzenegger en el Gobierno hay que retroceder a la campaña presidencial de 2023. El economista no había elaborado originalmente su programa de desregulación para Milei, sino para Patricia Bullrich, entonces candidata presidencial de Juntos por el Cambio. Durante meses trabajó con equipos técnicos y abogados en un ambicioso proyecto que contemplaba la modificación o eliminación de cientos de leyes. Tras la derrota electoral de Bullrich, buena parte de ese trabajo terminó en manos del dirigente libertario, que lo incorporó a su programa de gobierno.

Sturzenegger fue así una suerte de arquitecto en las sombras del proyecto presidencial de Bullrich que terminó convirtiéndose en una figura central del gobierno de Milei. Su influencia se plasmó rápidamente en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y en la primera versión de la Ley Bases. Sin embargo, el vínculo político con su antigua candidata no implica que ambos mantengan hoy posiciones idénticas: las sucesivas disputas parlamentarias también los encontraron enfrentados por el alcance de distintas reformas.

El DNU 70/2023 fue el primer gran frente de conflicto. El megadecreto modificó o derogó numerosas regulaciones económicas y laborales, desde la Ley de Alquileres hasta disposiciones sobre contratos de trabajo, actividad comercial y funcionamiento de distintos mercados. Su capítulo laboral fue frenado judicialmente después de las presentaciones sindicales, mientras la CGT y otras organizaciones cuestionaron los cambios sobre derechos colectivos, indemnizaciones y condiciones de empleo. Aquella primera ofensiva desreguladora abrió un conflicto que acompañaría al Gobierno durante buena parte de su gestión.

La Ley Bases también sufrió un fuerte recorte respecto de las pretensiones originales. El proyecto presentado en diciembre de 2023 contenía 664 artículos, pero durante su tratamiento parlamentario perdió buena parte de su contenido. Quedaron afuera propuestas relacionadas con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, determinados cambios laborales y la privatización del Banco Nación. También debieron revisarse disposiciones sobre cuotas sindicales y ultraactividad de los convenios colectivos. Aunque el oficialismo finalmente consiguió aprobar una versión de la ley, el recorrido dejó expuestas las dificultades para convertir el programa original en legislación.

Otro de los fracasos de la agenda laboral de Sturzenegger fue el fondo de cese laboral incorporado en la Ley Bases, presentado por el Gobierno como una alternativa al sistema tradicional de indemnizaciones por despido. Aunque el mecanismo fue aprobado y reglamentado, no logró una implementación significativa mediante los convenios colectivos. La propuesta, que permite acordar fondos financiados por aportes empresarios, encontró resistencia tanto en el sector sindical como entre las propias cámaras empresarias, que cuestionaron su viabilidad práctica.

El principal obstáculo fue que el sistema tampoco terminó de convencer a los empresarios. Distintas entidades advirtieron que realizar aportes mensuales para financiar eventuales desvinculaciones podía representar un costo adicional, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. También señalaron que el mecanismo podía resultar útil en actividades con alta rotación de personal, pero no necesariamente en sectores con planteles estables. El propio Sturzenegger terminó expresando su frustración durante el Coloquio de IDEA de 2025, cuando cuestionó a los empresarios por no aprovechar la herramienta que el Gobierno les había ofrecido. La reforma que prometía transformar las indemnizaciones quedó así como otro ejemplo de una iniciativa aprobada que no consiguió trasladarse de manera generalizada a la práctica.

Los problemas continuaron durante 2026. Uno de los episodios más graves ocurrió en los puertos argentinos, cuando el Decreto 690/2026 impulsó cambios en el régimen de practicaje y pilotaje, una actividad fundamental para las maniobras de ingreso y salida de los buques. La decisión provocó una medida de fuerza que paralizó operaciones portuarias, afectó el comercio exterior y generó preocupación entre empresas vinculadas con la exportación de productos agrícolas, combustibles y otras mercaderías. El conflicto obligó al Gobierno a retroceder y abrir negociaciones con los representantes del sector.

La política de apertura y desregulación comercial también quedó bajo cuestionamiento por sus consecuencias sobre la producción nacional. Un caso emblemático es el de Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, que atravesó una profunda crisis financiera, se presentó en concurso preventivo y avanzó con despidos. En su presentación judicial, la compañía señaló que el ingreso de pollo importado desde Brasil, favorecido por la flexibilización de las licencias y la reducción de aranceles, contribuyó al deterioro de su situación.

La crisis de Granja Tres Arroyos no respondió exclusivamente a la apertura comercial: la empresa también identificó la caída del consumo interno, el incremento de los costos, el endeudamiento y el cierre de mercados externos por cuestiones sanitarias. Sin embargo, el caso expuso las dificultades que enfrenta la industria nacional frente a una política de liberalización de importaciones que Sturzenegger convirtió en una de sus principales banderas. La desregulación de los controles sobre el comercio de alimentos, impulsada por el Gobierno en 2025, forma parte de ese mismo rumbo económico.

Otro revés significativo llegó con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía modificaciones sobre la Ley de Tierras y el régimen de Manejo del Fuego. La resistencia de gobernadores, legisladores y organizaciones sociales obligó al oficialismo a retirar capítulos centrales de la iniciativa. El fracaso provocó malestar dentro de la Casa Rosada, donde comenzaron a cuestionar la metodología de Sturzenegger para impulsar reformas sin garantizar previamente los acuerdos políticos necesarios.

Karina Milei fue una de las que reclamó mayor control sobre las iniciativas del ministro, mientras Patricia Bullrich, desde la conducción del bloque oficialista en el Senado, debió negociar modificaciones para evitar una derrota legislativa mayor. El episodio profundizó las tensiones entre el perfil técnico y desregulador de Sturzenegger y los sectores del Gobierno encargados de conseguir respaldo parlamentario. Incluso se planteó que sus futuros proyectos debían atravesar una revisión política antes de llegar al Congreso.

En ese contexto apareció el proyecto de Ley de Competitividad Financiera. La iniciativa, que Sturzenegger había presentado como una pieza importante de la transformación del mercado de capitales, contenía un artículo que modificaba el tratamiento del Impuesto a las Ganancias para determinados Cedear. El texto llevaba la firma de Milei, pero cuando los inversores comenzaron a cuestionarlo, el Gobierno aseguró que se trataba de un borrador viejo. La explicación no evitó una nueva controversia sobre la coordinación entre los ministerios y la responsabilidad de quienes habían aprobado la propuesta.

La interna quedó todavía más expuesta porque, según reconstrucciones periodísticas de las reuniones oficiales, Santiago Caputo y la propia Patricia Bullrich ya habían planteado objeciones al impuesto durante una discusión de la mesa política realizada en octubre. Sturzenegger había defendido la necesidad de equiparar el tratamiento tributario de distintos instrumentos de inversión, mientras Economía también intervino en la elaboración de la parte impositiva. Finalmente, cuando el contenido tomó estado público y estallaron las críticas, el Ejecutivo optó por retirar el proyecto completo.

La paradoja es que el funcionario que construyó buena parte de su identidad política alrededor de eliminar regulaciones terminó protagonizando una controversia por una propuesta que aumentaba la carga tributaria sobre determinadas inversiones. El mismo Gobierno que sostiene que bajar impuestos es uno de sus principios fundamentales había enviado al Congreso una iniciativa que avanzaba en sentido contrario. Y esta vez el rechazo no provenía principalmente de los sindicatos, de la oposición o de sectores industriales perjudicados por la apertura económica, sino de los propios actores del mercado.

La sucesión de conflictos también deja una discusión abierta sobre la responsabilidad política del Presidente. Milei adoptó el programa de desregulación que Sturzenegger había preparado para Bullrich, lo convirtió en uno de los ejes de su administración y sostuvo al ministro incluso después de sus enfrentamientos con otros integrantes del oficialismo. Las decisiones que provocaron los distintos conflictos no fueron únicamente iniciativas personales del funcionario: también contaron, en diferentes etapas, con el respaldo del Poder Ejecutivo.

El retiro del proyecto sobre los Cedear suma así un nuevo capítulo a la historia de avances, resistencias y retrocesos de la agenda desreguladora. Después de los conflictos judiciales por el DNU, los recortes a la Ley Bases, la falta de adopción del fondo de cese laboral, la paralización portuaria, las dificultades de sectores productivos y las disputas por la Ley de Tierras, el Gobierno deberá definir si vuelve a presentar la reforma financiera. Mientras tanto, Sturzenegger continúa al frente de su ministerio y la interna oficialista mantiene abierto el debate sobre quién controla las reformas y quién asume el costo político cuando fracasan.