SALUD SINDICAL. Ocaña vuelve a la carga contra Camioneros: pide intervenir Oschoca y reaviva una pelea de dos décadas

La Obra Social de Choferes de Camión (Oschoca) está en el centro de una nueva denuncia. La legisladora porteña Graciela Ocaña presentó un pedido formal de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y reclamó al presidente Javier Milei que intervenga a través del Ministerio de Salud. La acusación central es que la obra social de 190.000 trabajadores estaría siendo administrada en beneficio de la familia del titular de la Federación Nacional de Camioneros, Hugo Moyano, y no de sus afiliados.

El contexto general no es menor. Las obras sociales sindicales atraviesan hoy una crisis profunda producto del deterioro económico sostenido: la caída del salario real, el aumento de los costos médicos por encima de la inflación y los recortes en el financiamiento público presionan sobre todo el sistema. En ese marco, muchas entidades registran déficits que comprometen la calidad de las prestaciones a sus afiliados. El caso de Oschoca, sin embargo, va más allá de la coyuntura económica: la denuncia apunta a una gestión que habría agravado esa situación estructural con decisiones propias.

El eje de la acusación apunta a la empresa Iarai, administradora de Oschoca y propiedad de Liliana Esther Zulet, esposa de Moyano. Según Ocaña, los fondos de los afiliados habrían sido direccionados hacia fideicomisos y sociedades vinculadas a Zulet y sus hijos, configurando una estructura de autocontratación que la legisladora califica de administración fraudulenta.

La denuncia incluye datos financieros que describen una situación de quebranto. La deuda en las 23 seccionales del interior del país habría alcanzado en febrero de este año los $32.400 millones, sin contemplar Buenos Aires, donde se concentra el 50% de los 190.000 afiliados. Proyectando ese número, el déficit total podría rondar los $60.000 millones. Entre 2017 y 2022, la entidad habría registrado además un patrimonio neto negativo y resultados operativos deficitarios. Estos datos, aportados por Ocaña en su presentación, deben ser verificados por la SSS en el marco de una eventual intervención.

Para sostener jurídicamente su pedido, Ocaña argumentó que las obras sociales "gastan, perciben y administran fondos públicos", lo que habilita al Estado a intervenir cuando se comprueba mala administración. Pidió que el Gobierno no quede paralizado por consideraciones políticas y que anteponga la protección del derecho a la salud de los trabajadores afiliados.

La tensión también tiene expresión dentro del propio gremio. Sergio Aladio, jefe de la seccional de Santa Fe, se desvinculó de la Federación Nacional y abrió su propia obra social, señalando que la situación no puede quedar atrapada en las disputas internas de la conducción. En lo que va de la gestión Milei, la SSS ya intervino alrededor de diez obras sociales por irregularidades o deficiencias en los servicios.

Vale señalar que Ocaña tiene una trayectoria conocida de enfrentamiento con el sindicalismo y que su denuncia se inscribe en una disputa que lleva más de dos décadas. Eso no invalida los hechos denunciados, pero obliga a leerlos con el contexto político necesario. Lo que está en juego, en definitiva, es la cobertura médica de 190.000 trabajadores que mes a mes realizan sus aportes esperando recibir atención de calidad.