15 de enero de 2026
Un fallo del juez Sebastián Casanello ordenó restituir la conducción de la obra social de los peones rurales a las autoridades sindicales electas y dio por tierra con una de las intervenciones más controvertidas impulsadas por el Gobierno.
La Justicia federal ordenó la restitución inmediata del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), poniendo fin a una intervención que se extendió durante 15 meses. La decisión judicial representa un duro revés político y judicial para el ministro de Salud, Mario Lugones, y para el sector del oficialismo vinculado al clan Menem, que había promovido la avanzada sobre la obra social rural.
El fallo fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien dejó sin efecto la medida adoptada en octubre de 2024 por el juez Sebastián Villena, actualmente bajo investigación. En su resolución, Casanello sostuvo que la hipótesis que dio origen a la intervención resulta hoy "prácticamente nula", y que no existen fundamentos suficientes para sostener ni el desplazamiento del directorio ni la continuidad de la intervención.
La intervención de OSPRERA fue la más paradigmática de las impulsadas por el Gobierno nacional, tanto por su alcance político como por su dimensión económica. Se trata de la segunda obra social más grande del país, con una caja superior a los 50 mil millones de pesos mensuales. El principal impulsor político de la medida fue Eduardo "Lule" Menem, quien promovió la designación de Marcelo Petroni como interventor, a través de un decreto del presidente Javier Milei.
Durante el período de intervención, se acumularon denuncias por graves irregularidades administrativas y sanitarias. Entre los principales cuestionamientos figuran la duplicación innecesaria de estructuras, la incorporación de personas sin experiencia en gestión sanitaria, y la priorización de pagos sin prestación efectiva, en paralelo con una reducción del gasto en atención médica y medicamentos, incluidos tratamientos oncológicos y de alto costo.
Las consecuencias impactaron directamente sobre los afiliados. Hasta fines de 2025 se registraron centenares de acciones de amparo por falta de cobertura, muchas de ellas sin cumplimiento efectivo, y causas penales vinculadas a la interrupción de tratamientos médicos, algunas de las cuales investigan fallecimientos ocurridos durante la intervención.
En su análisis, Casanello remarcó que el cuadro actual desarma los argumentos que justificaron la intervención, y expone un conflicto institucional de fondo vinculado al intento del Ejecutivo de avanzar sobre una obra social estratégica del sistema sindical. El fallo también reaviva el debate sobre el uso de las intervenciones como herramienta política sobre organizaciones gremiales.
Con esta decisión, OSPRERA vuelve a manos de las autoridades elegidas legítimamente, encabezadas por el secretario general de UATRE, José Voytenco, tras más de un año de conflicto judicial, institucional y sanitario. La resolución marca un precedente relevante en defensa de la autonomía sindical y deja al descubierto una derrota política para el Gobierno, que ahora deberá explicar el impacto de la intervención sobre la salud de miles de trabajadores rurales y el estado en que será devuelta la obra social.
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