17 de septiembre de 2026
La principal empresa del grupo avícola acudió a la Justicia para intentar reestructurar sus obligaciones mientras continúa el conflicto por cierres, paralizaciones y desvinculaciones en distintas plantas del país.
La crisis de Granja Tres Arroyos ingresó en una nueva etapa luego de que la compañía presentara ante la Justicia un pedido de concurso preventivo de acreedores, en medio de una delicada situación financiera y de un conflicto laboral que ya alcanzó a establecimientos de Buenos Aires y Entre Ríos.
La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Comercial N°21, aunque la apertura formal del concurso requiere todavía una resolución judicial. Hasta el momento consta la presentación y radicación del expediente, por lo que jurídicamente no corresponde considerar abierto el proceso hasta que exista esa decisión.
Se trata de la segunda empresa del Grupo GTA que recurre a un procedimiento concursal después de Wade SA, sociedad que administra activos vinculados a la exCresta Roja. El conglomerado está integrado además por Avex y arrastra un pasivo global estimado en US$350,9 millones.
La situación financiera se fue deteriorando en paralelo con ejecuciones judiciales, cheques rechazados, reclamos de acreedores y paralizaciones de establecimientos. La empresa busca ahora utilizar el concurso como mecanismo para ordenar sus deudas y negociar condiciones de pago con sus acreedores.
Pero la dimensión más grave de la crisis aparece en el plano laboral. Los sindicatos denunciaron alrededor de 1.730 trabajadores desvinculados, cifra equivalente a más de una cuarta parte de la dotación que tenía el grupo antes de la profundización del conflicto.
El impacto alcanzó a plantas ubicadas en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, en territorio bonaerense, además de establecimientos en Entre Ríos. Algunas unidades productivas quedaron paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad habitual.
Ante las desvinculaciones en Buenos Aires, el Ministerio de Trabajo provincial dictó una conciliación obligatoria por 15 días hábiles que alcanzó a unos 1.200 trabajadores, buscando frenar los despidos mientras avanzaban las negociaciones entre la empresa y las organizaciones sindicales.
En las comunicaciones remitidas a trabajadores, la compañía invocó una situación de fuerza mayor y una disminución de la actividad vinculada al impacto de la influenza aviar, mientras que los sindicatos vienen reclamando alternativas que permitan preservar la producción y los puestos de trabajo.
La definición judicial sobre el concurso será ahora uno de los puntos centrales para el futuro del grupo, mientras continúan las negociaciones laborales y la búsqueda de una salida financiera. Con plantas paralizadas, deudas millonarias y cientos de familias afectadas, el desenlace de Granja Tres Arroyos será seguido de cerca por cuatro gremios y por las provincias donde la empresa mantiene presencia productiva.
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