29 de septiembre de 2026
El Gobierno porteño puso en vigencia un protocolo adaptado al nuevo Régimen Penal Juvenil. Desde el sector docente surgieron cuestionamientos por las nuevas responsabilidades que recaen sobre las autoridades escolares.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo procedimiento para las escuelas porteñas que determina cómo deberán actuar sus autoridades ante hechos que puedan tener relevancia penal y establece situaciones en las que podrá intervenir la Policía dentro de los establecimiento.
La regulación se vincula con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que comprende a adolescentes desde los 14 años. La norma comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026.
El protocolo establece que cuando una autoridad institucional tome conocimiento, en ejercicio de sus funciones, de un hecho que pudiera constituir un delito de acción pública deberá efectuar la denuncia correspondiente. En las instituciones privadas también se establece un procedimiento específico para los representantes legales y los equipos de supervisión.
La medida generó cuestionamientos desde sectores docentes. Ademys manifestó su rechazo al considerar que se trasladan a directivos y trabajadores de la educación responsabilidades relacionadas con la intervención penal sobre los estudiantes
El procedimiento también determina cómo deberán actuar las escuelas frente a situaciones consideradas urgentes. Cuando exista riesgo para la vida o la seguridad, presencia de armas o hechos de violencia, las autoridades podrán llamar al 911, al SAME y a los organismos de protección de niños y adolescentes.
La intervención policial dentro del establecimiento podrá producirse a pedido de la escuela ante una emergencia, por una orden judicial o frente a una situación de riesgo inminente. El propio protocolo señala que el procedimiento deberá desarrollarse respetando los derechos de niños y adolescentes.
El cambio abre además una discusión laboral dentro de las escuelas: hasta dónde llega la función educativa y dónde comienza la responsabilidad judicial de directores, docentes y equipos escolares. Ese es uno de los puntos que los gremios comenzaron a poner en discusión tras conocerse la normativa.
El protocolo también señala que la denuncia penal no reemplaza el acompañamiento educativo. Las escuelas deberán mantener las intervenciones institucionales, las medidas de protección y la continuidad de las trayectorias educativas de los alumnos involucrados.
Con la nueva normativa ya vigente, la discusión recién comienza: mientras la Ciudad sostiene que el protocolo fija procedimientos frente al nuevo régimen penal, sectores docentes advierten por las responsabilidades que recaerán sobre trabajadores y autoridades escolares.
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