10 de diciembre de 2025
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) elevó una presentación formal ante la Suprema Corte bonaerense en la que denuncian una pérdida de hasta el 80% en los haberes y una situación crítica de la obra social IOMA.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), encabezada por su secretario general Julio Piumato, manifestó su "profunda preocupación" por la situación salarial, laboral y sanitaria que atraviesan las y los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. El reclamo fue presentado formalmente ante la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, y los ministros del máximo tribunal.
Según el sindicato, la realidad del personal judicial bonaerense es "crítica". Los salarios resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, al punto de que muchas trabajadoras y trabajadores deben recurrir a más de un empleo para garantizar la alimentación diaria de sus familias. En ese marco, la UEJN denunció que en los últimos tres años el sector perdió más del 80% del poder adquisitivo.
El comunicado advierte que el salario inicial de un trabajador judicial en la provincia equivale apenas a la mitad del valor de la Canasta Básica Total para una familia tipo, que ya supera los $1.100.000 mensuales. "En la provincia más rica del país, continuamos siendo uno de los sectores peor remunerados del sistema judicial argentino", señalaron.
Uno de los ejes centrales del reclamo es la equiparación salarial con enganche nacional, un pedido histórico del sector. Desde la organización sindical sostienen que la actual situación vulnera el principio constitucional de "igual remuneración por igual tarea", ya que las y los judiciales bonaerenses perciben salarios muy inferiores a los de sus pares del ámbito nacional.
"En la provincia más rica del país, continuamos siendo uno de los sectores peor remunerados del sistema judicial argentino".
A la crisis salarial se suma la problemática sanitaria. El sindicato denunció que el personal judicial se encuentra obligado a permanecer dentro del sistema de atención médica del IOMA, mientras que magistrados y altos funcionarios de la Suprema Corte pueden derivar sus aportes y elegir libremente su cobertura de salud. Esta diferencia, remarcaron, constituye una clara desigualdad dentro del mismo ámbito institucional.
Desde la UEJN reclamaron que se garantice a todas y todos los trabajadores judiciales bonaerenses la posibilidad de optar libremente por su obra social, sin privilegios ni excepciones. "La salud no puede ser una imposición ni una variable de ajuste", afirmaron.
El documento también alerta sobre el impacto que generan los salarios deteriorados, las deficiencias en la cobertura de salud y las crecientes exigencias laborales en la salud física y psíquica del personal. El estrés permanente, advirtieron, incrementa el riesgo de enfermedades asociadas al desgaste laboral y afecta tanto la calidad de vida de los trabajadores como el funcionamiento del servicio de justicia.
Además, se detallan situaciones críticas en distintos fueros -familia, penal, laboral, civil y contencioso administrativo- y en áreas particularmente sensibles como Mandamientos y Notificaciones, Peritos, Fiscalías y Defensorías, donde se registran sobrecargas de tareas, falta de recursos y escaso reconocimiento institucional.
Por último, la UEJN cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo provincial y advirtió que el presupuesto recientemente aprobado no asigna los recursos necesarios al Poder Judicial ni contempla partidas para recomponer los salarios del sector.
"Un sistema de justicia fuerte e independiente requiere trabajadoras y trabajadores con salarios dignos, condiciones laborales adecuadas y acceso igualitario a una cobertura de salud", sostiene el texto. En ese marco, el sindicato exhortó a la Suprema Corte a asumir su responsabilidad institucional y adoptar medidas urgentes para revertir la situación, al tiempo que se mostró dispuesto a abrir instancias de diálogo para encontrar soluciones de fondo.
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