17 de marzo de 2026
Un fallo clave detuvo el acuerdo impulsado por el Gobierno y dejó en pausa una reforma sensible para el mundo laboral
El Juzgado Nacional del Trabajo N° 69 dictó una medida cautelar que suspende el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en un fallo que impacta de lleno en el esquema judicial y en el funcionamiento del fuero laboral. La decisión deja en pausa uno de los cambios más relevantes impulsados en materia institucional.
El juez resolvió frenar todos los efectos del acuerdo de transferencia incluido en la ley 27.802, al considerar que existen elementos suficientes para detener su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. La suspensión es total y alcanza a toda la implementación del traspaso.
En los fundamentos, el magistrado sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos para dictar la cautelar: "verosimilitud en el derecho" y "peligro en la demora", dos condiciones clave para este tipo de resoluciones. Esto implica que, de manera preliminar, la medida podría generar daños si se ejecuta antes de una sentencia definitiva.
El pedido de frenar el traspaso fue impulsado por el Sindicato de Judiciales (UEJN), que acudió a la Justicia para cuestionar la legalidad del proceso. Desde el sindicato advirtieron sobre las consecuencias institucionales y laborales que podría generar el cambio de jurisdicción, y reclamaron que se respeten los mecanismos legales previstos.
Uno de los puntos centrales del fallo es el cuestionamiento al procedimiento utilizado para avanzar con el traspaso. Según se detalla, no se habría cumplido con lo establecido en la ley 24.588, particularmente en lo referido a la intervención de la Comisión Bicameral, paso obligatorio en este tipo de transferencias.
Además, el juez ordenó correr traslado a la demandada y otorgarle un plazo de tres días para presentar un informe circunstanciado, en el marco de la ley de amparo. Este paso será clave para definir cómo continúa el proceso judicial.
En términos concretos, la decisión implica que la Justicia laboral seguirá funcionando bajo jurisdicción nacional, al menos hasta que haya una resolución definitiva. El fallo introduce incertidumbre sobre el futuro del traspaso y reabre el debate sobre la autonomía de la Ciudad y los límites institucionales de estas reformas.
Con esta medida, la reforma queda virtualmente congelada, en un escenario donde el conflicto judicial recién comienza y donde lo que se discute no es solo un cambio administrativo, sino el control y la orientación de uno de los fueros más sensibles para los trabajadores.
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