22 de junio de 2026
Mientras el Gobierno impulsa la llegada de inversiones tecnológicas, crecen los interrogantes sobre la cantidad de trabajo que generan y el uso de recursos estratégicos.
La posibilidad de que Argentina reciba inversiones multimillonarias para instalar grandes datacenters vinculados al desarrollo de la inteligencia artificial volvió a instalarse en el debate público. El Gobierno nacional apuesta a atraer este tipo de proyectos mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentándolos como una oportunidad para posicionar al país en una de las industrias más dinámicas del mundo.
Sin embargo, detrás de los anuncios y las promesas de modernización tecnológica aparece una pregunta cada vez más frecuente: ¿cuántos puestos de trabajo generan realmente estos emprendimientos?
A diferencia de una fábrica, una planta automotriz o un complejo industrial tradicional, los datacenters son instalaciones altamente automatizadas. Durante su construcción pueden movilizar cientos de trabajadores de la construcción, técnicos, electricistas y proveedores. Pero una vez finalizadas las obras, la cantidad de personal necesario para operarlos suele ser considerablemente menor.
Diversos estudios realizados en Estados Unidos muestran que grandes centros de datos pueden funcionar con apenas algunas decenas de trabajadores permanentes. Ingenieros, operadores de sistemas, especialistas en redes, personal de mantenimiento y seguridad integran la mayor parte de esas plantillas laborales.
El debate no pasa únicamente por la cantidad de empleo directo. También involucra el uso de recursos estratégicos. Estas instalaciones demandan enormes cantidades de energía eléctrica y agua, dos insumos cada vez más sensibles en distintas regiones del mundo. Por ese motivo, comunidades y organizaciones comenzaron a cuestionar si los beneficios económicos que generan compensan el consumo de recursos que requieren.
Los defensores de estos proyectos sostienen que los datacenters impulsan inversiones complementarias, mejoran la infraestructura tecnológica y generan empleo indirecto. Sus críticos responden que los beneficios permanentes son reducidos en comparación con las ventajas fiscales y regulatorias que reciben las empresas para instalarse.
Para el movimiento sindical argentino, la discusión podría ir más allá de estar a favor o en contra de estas inversiones. Las preguntas centrales son otras: ¿qué empleo generan?, ¿qué salarios pagan?, ¿qué convenios colectivos alcanzan a sus trabajadores?, ¿qué porcentaje de la inversión queda en el país? y ¿qué proveedores nacionales participan del negocio?
La inteligencia artificial promete transformar la economía global. Pero para los trabajadores argentinos el desafío sigue siendo el mismo de siempre: que las inversiones no se midan solamente por los dólares que ingresan, sino también por la calidad y la cantidad de empleo que dejan en el país.
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