Sociedad. El país en venta: 13 millones de hectáreas estratégicas ya están en manos extranjeras

El Gobierno de Javier Milei avanza con una reforma de la Ley de Tierras que podría facilitar la compra de grandes extensiones rurales por parte de personas y empresas extranjeras. La iniciativa se discute en un escenario especialmente delicado: cerca de 13 millones de hectáreas del territorio argentino ya pertenecen a capitales del exterior,

La cifra representa aproximadamente el 5% de la superficie continental del país y, observada de manera general, se encuentra por debajo del límite nacional establecido por la legislación vigente. Sin embargo, el promedio esconde un fenómeno mucho más profundo: la extranjerización no se distribuye de manera homogénea, sino que se concentra en regiones con recursos naturales e infraestructura de enorme valor estratégico.

Las tierras en manos extranjeras se ubican principalmente en áreas con reservas de agua dulce, minerales críticos, bosques, pasos fronterizos, puertos, vías navegables, centrales energéticas y corredores industriales. Por eso, la discusión excede ampliamente una compraventa entre privados: involucra el control efectivo sobre recursos esenciales para el desarrollo económico y la soberanía nacional.

Aunque ninguna provincia supera actualmente el límite legal del 15% de superficie rural extranjerizada, la investigación revela que 31 departamentos sí se encuentran por encima de ese porcentaje. En varios casos, la presencia extranjera abarca más de la mitad de las tierras rurales disponibles.

El departamento salteño de San Carlos encabeza el listado con el 59,8% de su territorio rural en manos extranjeras. Le siguen Molinos, también en Salta, con el 57,8%; General Lamadrid, en La Rioja, con el 56,7%; Lácar, en Neuquén, con el 54,2%; Campana, en la provincia de Buenos Aires, con el 50,3%; e Iguazú, en Misiones, con el 40%.

La ubicación de esas concentraciones no es casual. San Carlos y Molinos se encuentran en una zona con importantes recursos hídricos y mineros. General Lamadrid forma parte de una región cordillerana con proyectos de explotación minera. Lácar contiene lagos y reservas de agua dulce, mientras que Iguazú concentra bosques, vías navegables y una frontera internacional de enorme sensibilidad ambiental y geopolítica.

Uno de los casos más significativos es Campana, donde más de la mitad de la superficie rural pertenece a propietarios extranjeros. La zona forma parte del corredor estratégico del río Paraná y se encuentra rodeada de puertos, industrias, centrales nucleares, infraestructura energética y vías fundamentales para el comercio exterior argentino.

El artículo también señala la situación de Zárate, Campana y otros puntos del corredor Paraná-Paraguay, por donde circula una parte central de las exportaciones nacionales. En este caso, la propiedad de la tierra no implica solamente el dominio sobre el suelo: supone una posición privilegiada cerca de puertos, plantas industriales, vías navegables y nodos logísticos determinantes para la economía del país.

La extranjerización también avanza sobre la cordillera. Departamentos de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y Jujuy combinan elevados porcentajes de tierras extranjeras con reservas de litio, cobre, oro y otros minerales críticos. Se trata de recursos que adquirieron un valor central para la transición energética mundial y para las cadenas industriales vinculadas con las baterías, la tecnología y la electromovilidad.

Otro eje de preocupación es el control del agua. En la Patagonia existen grandes propiedades extranjeras alrededor de lagos, ríos, nacientes y reservas naturales. Uno de los casos más conocidos es el de Lago Escondido, en Río Negro, donde durante años se produjeron reclamos y conflictos judiciales para garantizar el acceso público a un espejo de agua rodeado por tierras pertenecientes al empresario británico Joe Lewis.

La misma lógica aparece en Neuquén, Chubut y Santa Cruz, donde la concentración de tierras coincide con cuencas hídricas, lagos cordilleranos y zonas con potencial energético. Esto demuestra que el valor de esas propiedades no reside exclusivamente en su capacidad agropecuaria, sino también en los recursos ubicados dentro de ellas y en la posibilidad de controlar los caminos de acceso.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales del país, de una provincia o de un departamento. Además, fija límites por nacionalidad, restringe la cantidad de hectáreas que puede adquirir un mismo titular y protege zonas con cuerpos de agua o ubicadas en áreas de seguridad de frontera.

El objetivo de la norma nunca fue impedir toda inversión extranjera, sino evitar que grandes grupos económicos o fondos internacionales concentren extensiones capaces de condicionar el uso de recursos estratégicos. La legislación reconoce que la tierra no es una mercancía idéntica a cualquier otra: está asociada con la producción de alimentos, el agua, la biodiversidad, la minería, las fronteras y el desarrollo de las comunidades.

El proyecto impulsado por el Gobierno busca flexibilizar precisamente algunos de esos controles. Entre las modificaciones aparece la posibilidad de revisar los límites individuales de adquisición y cambiar la escala territorial utilizada para calcular el porcentaje de extranjerización. De avanzar, una empresa extranjera podría concentrar una parte enorme de las tierras de una localidad sin que se viole el promedio general de la provincia.

Ese cambio permitiría que el límite legal se cumpla formalmente, pero que determinados municipios o departamentos queden bajo un nivel de concentración muy superior. El promedio provincial podría mantenerse debajo del 15%, mientras pueblos completos, zonas mineras, corredores portuarios o reservas hídricas pasan a estar dominados por unos pocos propietarios extranjeros.

Desde el oficialismo sostienen que las restricciones actuales frenan inversiones, reducen el valor de la tierra y vulneran el derecho de propiedad. Funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno argumentan que la propiedad puede cambiar de dueño sin que la soberanía argentina se vea afectada.

Sin embargo, ese planteo separa dos dimensiones que en la práctica están profundamente vinculadas. La tierra no es solamente un título de propiedad: contiene recursos, define accesos, rodea lagos y ríos, conecta fronteras y condiciona el desarrollo productivo de regiones enteras. La soberanía puede mantenerse jurídicamente mientras se debilita la capacidad real del Estado para decidir sobre el uso de su propio territorio.

La extranjerización tampoco puede analizarse por fuera del proceso general de concentración de la riqueza. El problema no es la nacionalidad de una persona que adquiere una pequeña parcela, sino la capacidad de grandes corporaciones, fondos de inversión o multimillonarios para controlar miles de hectáreas y recursos indispensables para el conjunto de la sociedad.

Para los trabajadores, las comunidades rurales y los pequeños productores, esa concentración puede traducirse en desplazamientos, encarecimiento del suelo, pérdida de fuentes laborales, reducción de la producción local y mayores dificultades para acceder a caminos, ríos y espacios públicos. Una inversión no garantiza por sí sola empleo, desarrollo regional ni integración productiva.

La discusión sobre la Ley de Tierras exige, por lo tanto, definir qué inversiones se permiten, en qué condiciones, con qué límites y con qué beneficios para el país. También requiere determinar si la explotación de los recursos generará trabajo argentino, incorporación tecnológica y valor agregado, o si quedará subordinada a intereses financieros y decisiones tomadas en el exterior.

La investigación adquiere especial relevancia porque demuestra que la reforma no se impulsa sobre un territorio sin concentración. Argentina ya tiene departamentos donde entre el 40% y casi el 60% de la superficie rural está en manos extranjeras. El Gobierno pretende flexibilizar los controles justamente cuando los datos exponen que los límites actuales ya fueron superados en numerosas regiones.

Detrás de los 13 millones de hectáreas aparecen reservas de agua dulce, minerales necesarios para las industrias del futuro, bosques, energía, puertos y pasos fronterizos. La pregunta no es solamente quién figura como dueño de la tierra, sino quién tendrá el poder de decidir sobre los recursos que se encuentran dentro de ella.

La reforma de la Ley de Tierras vuelve a colocar en el centro del debate una definición fundamental: si el territorio argentino será administrado como un bien estratégico para el desarrollo nacional o tratado como un activo disponible para el mejor postor. En un país con 31 departamentos por encima del límite legal, abrir todavía más la compra de tierras puede consolidar un proceso de concentración difícil de revertir.