POLÍTICA. Giuliani llevó la denuncia por criminalización de la protesta social en Argentina a la OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recibió en su sede de Ginebra al dirigente sindical Federico Giuliani para dar seguimiento a una denuncia por la creciente criminalización de la protesta social en la Argentina. El planteo apunta tanto a las políticas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei como a la administración del gobernador cordobés Martín Llaryora, y pone el foco en la persecución judicial a referentes sindicales.

Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma provincial, expuso ante autoridades del organismo internacional las siete causas judiciales que enfrenta por su accionar gremial y social. La reunión se realizó con un representante del Departamento de Relaciones Internacionales de la OIT, Jean-Philippe Sauvageau, y tuvo como eje la situación de represión y judicialización que atraviesan las organizaciones sindicales.

La denuncia presentada ante la Comisión de Libertad y Democracia de la OIT sostiene que en la Argentina se vulneran los Convenios 87 y 98 del organismo, vinculados a la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Según el texto, la protesta social es criminalizada "en un abierto y nada inocente intento de disciplinar a las distintas organizaciones sindicales que disconformes con la realidad bregan por un cambio de la misma siempre dentro de las prerrogativas que la legislación nacional y la normativa internacional les reconoce".

La presentación cuenta con el respaldo de la conducción nacional de la CTA Autónoma, encabezada por su secretario general Hugo Godoy y la secretaria adjunta Mariana Mandakovic, y con el patrocinio legal de Daniel Jorajuria, secretario administrativo y director del Departamento Jurídico de la central, junto a Javier Izaguirre.

En el documento elevado a la OIT, Giuliani detalla una sucesión de procesos judiciales iniciados en el marco de movilizaciones masivas contra el avance de la pobreza y en reclamo de alimentos para los sectores más vulnerables de Córdoba. Allí denuncia que el Poder Judicial provincial actúa como una herramienta de presión política para intimidar a dirigentes sociales y sindicales.

La denuncia reconstruye hechos ocurridos desde 2023 hasta la actualidad, en los que la respuesta estatal frente a la protesta incluyó causas penales, allanamientos, detenciones arbitrarias y represión violenta. En uno de esos episodios, el propio Giuliani resultó gravemente herido por la policía, con la fractura de un brazo. El planteo vincula estos hechos con una política represiva de alcance nacional, aplicada en conjunto con los gobiernos provinciales.

"En estos momentos en la provincia de Córdoba se ha vuelto a los tiempos previos a la Dictadura cívico-militar de 1976. En los procedimientos policiales aparecen agentes policiales que no llevan identificación, que por su accionar y los registros que quedan de las actuaciones policiales nos llevan a aquella época oscura".

Entre los casos mencionados se encuentran la Marcha contra el Hambre de abril de 2023, la visita de Javier Milei a Córdoba en mayo de 2024, el escrache a la Fundación Mediterránea ese mismo mes y una protesta frente a la Municipalidad de Córdoba en agosto de 2025. También se denuncia el hostigamiento permanente a la sede sindical: "En el gremio se hizo constante y permanente la presencia policial, tal es así que momentos en que se realizó un Plenario de Delegados Nacionales se encontraban 4 móviles (2 autos y 2 motos) con todo su personal abajo, y en la puerta de nuestro gremio filmando el ingreso de las y los compañeros. Por esta actividad se realizaron las denuncias periodísticas en los medios alternativos locales y en los propios medios y redes de la Central de Trabajadores y del Gremio".

El texto advierte que esta situación "se ha vuelto insostenible en la provincia de Córdoba de la República Argentina" y la define como una expresión directa de la política nacional de criminalización de la protesta. "La dureza de esta política policial y judicial la encarna en contra de la CTAA y de ATE, por ser la central de trabajadores y el gremio que más lucha ante las políticas de despido y ajuste nacional y provincial", agrega.

Para Giuliani, los episodios no pueden leerse como hechos aislados, sino como parte de una política pública del gobierno cordobés orientada a aplicar un ajuste sobre los trabajadores estatales que luego se extiende al sector privado. En ese sentido, la denuncia sostiene: "En estos momentos en la provincia de Córdoba se ha vuelto a los tiempos previos a la Dictadura cívico-militar de 1976. En los procedimientos policiales aparecen agentes policiales que no llevan identificación, que por su accionar y los registros que quedan de las actuaciones policiales nos llevan a aquella época oscura".

El escrito presentado ante la OIT incorpora pruebas documentales y testimonios de Giuliani y de otros dirigentes imputados, con el objetivo de demostrar un intento sistemático de imponer el silencio social frente a la protesta. En función de ello, la denuncia solicita que se admita la queja, se constituya un caso ante el Comité de Libertad Sindical, se considere la gravedad y urgencia de los hechos y se ordene el cese inmediato de la persecución, la represión en las marchas y el hostigamiento a locales sindicales.

Asimismo, reclama que, a través de la Autoridad Nacional, se garantice el pleno ejercicio de la libertad sindical, se reparen los daños ya producidos y se evite la reiteración de estas prácticas en el futuro. De este modo, ATE Córdoba y la CTA Autónoma provincial llevaron a los foros internacionales la denuncia por la judicialización y persecución de dirigentes y organizaciones que resisten el ajuste, el hambre y la pérdida de derechos de las y los trabajadores en la Argentina.