POLÉMICO. ARCA habilitó la desafiliación sindical digital en pleno 1° de Mayo

En una decisión que generó fuertes repercusiones en el ámbito gremial, el Gobierno nacional activó ayer una función digital para facilitar la desafiliación sindical dentro de ARCA, el nuevo organismo que reemplazó a la AFIP. El anuncio llegó en vísperas del Día del Trabajador, lo que para los gremios implicó un claro mensaje político.

La cúpula de ARCA, liderada por Juan Pazo, informó por correo electrónico que desde el 30 de abril por la tarde quedaba habilitado un botón en el sistema SARHA -el legajo digital de cada empleado- que permite gestionar de forma inmediata la baja o alta de afiliación sindical.

El mensaje, enviado a los 19.270 trabajadores del organismo, incluía un detalle clave: en caso de desafiliación, el sistema informará automáticamente qué porcentaje del salario será recuperado en el siguiente recibo mensual. En cambio, si un trabajador decide afiliarse, también verá reflejado qué porcentaje de su sueldo se destinará al gremio elegido.

Los sindicatos apuntados fueron AEFIP, SUPARA y UPSAFIP, tres de los gremios con representación histórica en el organismo recaudador. Desde el sector sindical consideraron que se trata de una maniobra de "hostigamiento" y "desfinanciamiento", en línea con el plan de "desindicalización" que algunos sectores del gobierno de Javier Milei impulsan en el Estado.

El asunto no es menor, ya que el sistema SARHA es utilizado en todo el Gobierno nacional, por lo que fuentes oficiales deslizaron que este movimiento en ARCA podría ser un primer paso hacia una medida de alcance más amplio sobre los gremios del Estado. "Por ahora es solo dentro de la agencia tributaria", señalaron.

Desde ARCA justificaron la medida bajo el argumento de que se trata de una herramienta "clara, segura y transparente" para que cada trabajador pueda ejercer su derecho de asociación "en absoluta libertad". No obstante, el contexto elegido -el Día del Trabajador- y el formato digital con aviso de recuperación salarial generaron fuerte rechazo en las conducciones gremiales, que evalúan denunciar la medida y podrían avanzar con acciones de protesta.

La decisión no pasó inadvertida, y representa un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el Gobierno y el sindicalismo, justo cuando el Ejecutivo busca avanzar con una reforma laboral y medidas de ajuste en la administración pública.