CONTRA LA MOTOSIERRA. El sindicato de viales presentó un amparo para frenar el cierre de Vialidad Nacional

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines presentó un recurso de amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo con el objetivo de frenar el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La presentación, que incluye una medida cautelar de no innovar, fue dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El escrito, patrocinado por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, cuestiona la legalidad del decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y solicita su declaración de inconstitucionalidad. Según los demandantes, la norma "viola derechos laborales y humanos fundamentales" y pone en riesgo la continuidad laboral de más de 5.200 trabajadores en todo el país.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23. En la presentación se advierte que la eliminación de la DNV -un organismo con más de 93 años de historia y presencia federal en las rutas argentinas- generaría "una amenaza, incertidumbre y falta de certeza sobre cómo y con quiénes se reemplazará a los trabajadores, profesionales, técnicos y operarios".

El recurso también sostiene que el decreto excede las facultades delegadas otorgadas al Poder Ejecutivo por la ley Bases. En este sentido, señala que la disolución de un ente autárquico creado por ley como Vialidad Nacional no puede realizarse mediante un decreto, ya que el artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa en cuestiones no previstas explícitamente.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, el sindicato exige que se garantice la continuidad laboral, el cobro de salarios y que, en caso de avanzar el cierre, los trabajadores sean reubicados en otras dependencias sin pérdida de derechos, antigüedad ni condiciones laborales.

Finalmente, el gremio advierte que la desaparición de la DNV no sólo implica un ataque a los derechos laborales, sino que afecta directamente al interés público: pondría en riesgo la seguridad vial, reduciría los controles y aumentaría la opacidad en la gestión de la infraestructura vial del país.