30 de agosto de 2026
Un informe de Misión Productiva advierte que los proyectos aprobados no alcanzarían para revertir la destrucción de puestos de trabajo y que el empleo permanente sería todavía menor.
Los proyectos aprobados por el Gobierno nacional dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implican desembolsos por alrededor de US$47.000 millones, pero su impacto sobre el mercado laboral estaría muy lejos de compensar los puestos de trabajo perdidos durante la gestión de Javier Milei. Un análisis de Misión Productiva estimó que las iniciativas generarían menos del 30% del empleo registrado destruido desde fines de 2023.
De acuerdo con el documento, las 22 iniciativas que ya recibieron luz verde prevén la creación de 95.950 puestos de trabajo. En paralelo, existen otros 22 proyectos todavía en evaluación que representan inversiones por casi US$152.000 millones y que, según las proyecciones presentadas, podrían generar otros 131.645 empleos entre directos e indirectos.
El contraste aparece cuando esas cifras se comparan con el deterioro que atravesó el empleo formal. Según el trabajo, los puestos prometidos por los proyectos ya aprobados representarían alrededor de dos tercios de los 337.365 empleos registrados en relación de dependencia que se perdieron entre noviembre de 2023 y mayo de 2026.
La velocidad de esa caída también dimensiona el problema. Misión Productiva calculó que durante esos dos años y medio se destruyeron en promedio unos 11.250 puestos asalariados formales por mes. Bajo esa comparación, todo el empleo anunciado por los emprendimientos aprobados equivaldría aproximadamente a apenas ocho meses y medio del retroceso acumulado.
El informe plantea además una segunda advertencia: gran parte de los puestos asociados a las grandes inversiones se concentraría durante la etapa de construcción. Una vez finalizadas las obras, el volumen de trabajadores necesarios para operar los proyectos disminuiría considerablemente.
Los economistas Martín Alfie, Daniel Schteingart, Paloma Verona y Esteban Kiper estimaron que los empleos permanentes que quedarían luego de la construcción representarían apenas el 14% del total de puestos anunciados, una cantidad equivalente a cerca del 4% del empleo formal asalariado perdido durante el período analizado.
La discusión se produce mientras los grandes proyectos energéticos y mineros, intensivos en capital, ganan peso dentro de la estrategia económica oficial. Al mismo tiempo, sectores tradicionalmente demandantes de mano de obra como la industria, la construcción y el comercio continúan atravesando una situación crítica, lo que profundiza el debate sobre la capacidad de las inversiones para trasladarse efectivamente al empleo.
El diagnóstico pone así el foco sobre uno de los principales desafíos del modelo económico: el ingreso de inversiones no garantiza por sí solo una recuperación del mercado laboral. Con más de 337.000 empleos registrados perdidos en el período considerado, la evolución de los puestos permanentes que efectivamente generen los proyectos del RIGI será uno de los indicadores centrales para medir su impacto real sobre el trabajo.
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