La OP 31/25 publicada el 7 de agosto de 2025 constituye un avance jurisprudencial trascendental al reconocer el "derecho al cuidado" como un derecho humano autónomo, exigible y estructural, articulado en tres dimensiones fundamentales: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado.
El máximo tribunal en materia de derechos humanos en el ámbito del Sistema Interamericano, se expide acerca de las obligaciones de los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -la República Argentina entre ellos-. Con un enfoque que representa un hito jurídico pues desplaza, desde la interpretación normativa, la lógica patriarcal que ha puesto, histórica y quasi-exclusivamente, la sobrecarga del cuidado -entendido como todas aquellas tareas necesarias para la reproducción y sostenimiento de la vida- sobre los hombros de las mujeres.
Estas obligaciones impuestas y atribuidas a las mujeres en función del género reproducen una desigualdad social estructural que les impide su desarrollo personal; su inserción en el mercado de trabajo; su continuidad educativa.
En tal sentido, la Corte utiliza el concepto de "cuidado" como piedra de toque y se erige sobre el estandarte de la igualdad de oportunidades, derribando la desigualdad de género e imponiendo a los Estados el deber de garantizar sistemas públicos y universales de cuidados. Vincula este "derecho humano" con otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, al trabajo y a la seguridad social.
En un acto de justicia sustantiva, la Corte marca una agenda para toda América Latina
Hace tiempo que las y los argentinos caímos en un pozo profundo, donde muchas cosas parecen un sinsentido, tal como le ocurrió a "Alicia" en el cuento de Lewis Carroll.
Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos marca un hito en la región al reconocer el "derecho al cuidado" como un derecho humano de enormes implicancias, en la Argentina -el mismo país que en mayo de 2023 impulsó a la Corte a pronunciarse sobre este punto, es decir, que dio origen a esa opinión consultiva- todo transcurre como en aquel "país de las maravillas" al que Alicia llegó tras caer.
Solo que, en esta madriguera, apenas aterrizamos, nos encontramos con los ojos hambrientos de un león.
Un país que -muy a pesar de su enorme potencial, sus recursos naturales y su talento humano-, en materia de derechos, de "maravilla" no tiene nada. Al menos si consideramos el desmantelamiento de casi todas las políticas públicas de género, así como de las políticas sociales de contención y cuidado, que venimos padeciendo desde la asunción de un gobierno que se identifica con el anarco-capitalismo ... (¡ponele!) y que considera a la salud, la educación, la protección social y los servicios públicos como un gasto innecesario.
En un país que supo ser vanguardista en políticas públicas de cuidado y en igualdad de oportunidades, faro en materia normativa, hoy nos enfrentamos a un hecho objetivo que agrava la situación de muchas familias de escasos recursos y, especialmente, de mujeres al frente de hogares con niños pequeños.
Sin olvidar que, históricamente, las tareas domésticas y de cuidado han recaído sobre los hombros de las mujeres.
Hoy, además, muchas deben "parar la olla" mientras cuidan.
Lo que el viento se llevó
Desde diciembre de 2023, y como parte de la política de reducción del tamaño del Estado, las y los argentinos hemos asistido a la disolución de organismos y espacios que diseñaban políticas de cuidado y contención para los sectores más vulnerables.
Entre los casos más emblemáticos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue disuelto poco después del inicio de la nueva gestión de gobierno.
También se cerró el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo).
Más allá de los cambios institucionales, lo más grave ha sido el desfinanciamiento de programas como el "Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia".
Asimismo, se han dado de baja la gran mayoría de las iniciativas vinculadas al abordaje de la violencia intrafamiliar y de género.
En materia de salud pública, el recorte presupuestario superó el 48 %. Ello implicó despidos de personal sanitario, la eliminación del DADSE (que proveía medicamentos oncológicos gratuitos), la suspensión de programas de vacunación y de control de enfermedades como VIH, hepatitis o tuberculosis, y un incremento de muertes y brotes por enfermedades prevenibles.
Se cerró el Instituto Nacional del Cáncer, afectando directamente programas clave de prevención y control de distintos tipos de cáncer, atención pediátrica, cuidados paliativos y registros epidemiológicos.
El Hospital Garrahan, emblema nacional del cuidado pediátrico, atraviesa una crisis sin precedentes. Junto al brutal desfinanciamiento, el personal médico ha denunciado condiciones indignas: salarios por debajo de la línea de pobreza, deserción profesional, falta de insumos y una situación institucional al borde del colapso. Ante este escenario, trabajadores y gremios calificaron la medida como un "cierre encubierto".
A nivel educativo, tampoco podemos quejarnos: los cambios institucionales y los recortes presupuestarios también se hicieron sentir. El Ministerio de Educación fue degradado a una secretaría dentro del nuevo Ministerio de Capital Humano, lo que implicó una erosión significativa del rol estatal en la materia. En 2024 se produjo un recorte histórico en la inversión educativa -el más profundo de las últimas cuatro décadas- que afectó tanto a la educación básica como a la superior. Las caídas superaron el 50 % en infraestructura, formación docente, becas estudiantiles y, en igual medida, en la inversión universitaria.
En el campo laboral, la destrucción de fuentes de trabajo, tanto en el empleo público como en el ámbito privado por el cierre de PYMES, ha sido colosal. Ni hablar de la pérdida delpoder adquisitivo de los salarios frente a la imposición de un cepo a la negociación paritaria de los gremios.
No poder garantizar alimentación, salud y educación para la familia, en un país donde "lo público" está en vías de extinción, también vulnera el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.
Los sindicatos como en "El Quijote"
Mientras tanto, y enfrentando el escrutinio y el embate de los grandes medios de propaganda que los presentan ante la sociedad como "generadores de privilegios", hoy las organizaciones sindicales en Argentina constituyen la última línea de protección frente al abismo.
Son los sindicatos quienes, a través de las obras sociales sindicales, garantizan atención médica a sus afiliados en un sistema de salud al borde del colapso. Pero también brindan espacios de cuidado para los hijos de trabajadoras y trabajadores mediante jardines maternales y de infantes, escuelas técnicas y colonias de vacaciones.
Empuñando su espada de Don Quijote -la negociación colectiva y los convenios colectivos de trabajo- han conseguido avances significativos en materia de igualdad de género en el ámbito laboral y en la inserción de personas LGBTQ+. Muchos han impulsado la ampliación de licencias gestacionales, la creación de planes de acción hacia la igualdad de oportunidades para que las mujeres accedan a puestos de conducción o a roles no tradicionales, la implementación y el cumplimiento de cupos para personas con discapacidad y para personas de la diversidad, así como la construcción de lactarios que permitan a las mujeres trabajadoras conciliar su maternidad con su desarrollo profesional, manteniendo la lactancia tras el regreso al trabajo luego del alumbramiento.
Todo ello entre muchos otros beneficios que no constituyen "privilegios" sino "derechos" para sus personas afiliadas e incluso para aquellas/os que no lo están pero pertenecen a la actividad.
Hoy en Argentina, desde la política gubernamental, se considera a las políticas de cuidado como un gasto y se las elimina. Los sindicatos, con mucho esfuerzo -como Don Quijote frente a los molinos de viento-, no sólo luchan por mantenerlas, sino que las entienden como una inversión.
El día después... los desafíos de la implementación
La Opinión Consultiva 31/25 debería erigirse como el estandarte normativo de la justicia social en la región.
Con coherencia, y haciendo eco de lo que las sociedades reclaman desde hace tiempo, afirma que "el cuidado" es esencial para garantizar otros derechos fundamentales -como la salud, la educación, el trabajo, una vida digna, la igualdad y la seguridad social- y advierte que su ausencia genera desigualdad estructural, especialmente para las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad y los grupos históricamente vulnerados.
En términos jurídicos, este pronunciamiento marca un antes y un después en el sistema interamericano: los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a reconocer, proteger y garantizar el cuidado como un derecho exigible; deben diseñar políticas públicas, asignar recursos y establecer marcos normativos que aseguren su cumplimiento efectivo, trascendiendo el enfoque tradicional familiar o meramente asistencial.
Podría decirse que este paso lleva igualdad a sectores históricamente relegados.
Ahora bien, en Argentina -en el país de "Alicia"- y en un contexto socio-político marcado por la regresión en materia de derechos, lograr la materialización de este pronunciamiento, de este nuevo "derecho humano" cuyo reconocimiento tanto costó conseguir, parece una tarea digna de Ethan Hunt en Mission: Impossible.
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