MOTOSIERRA. El Gobierno planea despidos masivos en medios públicos y quiere privatizaciones para después de octubre

El gobierno nacional dio señales de que profundizará el ajuste en el sistema de medios públicos. En las últimas semanas se produjeron cambios en la conducción del área que anticipan una nueva etapa: despidos masivos, cierres y eventual privatización de las empresas estatales de comunicación.

El desembarco de Carlos Curci, exvocero de la Sociedad Rural, al frente de los medios públicos, y de Bárbara Pintelos en la Subsecretaría de Medios marca el inicio de esta fase. Según fuentes del Poder Ejecutivo citadas por La Nación, Pintelos no proviene del mundo de los medios, y su perfil técnico-económico responde al objetivo principal: achicar estructuras y avanzar en la reorganización del sector. "No es del medio, ni conoce de él. Llega para achicar todo", le manifestaron al diario desde el oficialismo.

La meta es clara: reducir su tamaño al mínimo posible y venderlos cuando las condiciones legislativas lo permitan, algo que el Gobierno espera conseguir tras las elecciones de octubre.

Curci reemplaza a Carlos González, designado en 2024 por Diego Chaher, uno de los encargados del proceso de privatizaciones. Su salida obedece, según versiones internas, a la necesidad de "un cambio de timón" para acelerar el ajuste.

El oficialismo insiste en que los medios públicos son "deficitarios" y que no cumplen una función estratégica, por lo que la meta es clara: reducir su tamaño al mínimo posible y venderlos cuando las condiciones legislativas lo permitan, algo que el Gobierno espera conseguir tras las elecciones de octubre.

En el caso de Radio y Televisión Argentina (RTA), que abarca la TV Pública y Radio Nacional, el plan sería reducir su planta de más de 2200 trabajadores "a casi la mitad". De concretarse, esto implicaría cientos de despidos o retiros voluntarios. En Radio Nacional, con 1169 empleados, se evalúa un recorte del 50% en todo el país. Ambos casos podrían totalizar a las 1.500 desvinculaciones.

El vaciamiento de Télam, transformada en Apesau, es el emblema de esta política. La agencia fue desmantelada a principios de año y, con cambio de nombre, el núcleo de su operación -una redacción federal con presencia en todas las provincias- fue desactivado. Apesau hoy gestiona la escasa pauta oficial y también podría enfrentar nuevos recortes.

Mientras tanto, el Gobierno espera una mejora en su posición en el Congreso tras las elecciones legislativas de diciembre para avanzar con los proyectos de privatización total, hasta ahora frenados por la falta de apoyo parlamentario.

Las medidas en marcha confirman que el Ejecutivo se encamina a desarticular buena parte del sistema de medios públicos, bajo una lógica centrada exclusivamente en la rentabilidad económica y sin contemplar su rol social, federal y cultural. Una mirada que resulta estrecha y no hace más que empeorar las condiciones de vida de los argentinos.