1 de octubre de 2025
El Gobierno provincial impulsa una reforma legal que busca responsabilizar directamente a los adultos por las conductas violentas de sus hijos en las aulas.
La violencia escolar ya no es un hecho aislado: es un fenómeno que preocupa a toda la Argentina. La conmoción por el episodio vivido en Mendoza, con una alumna que entró armada a un colegio, puso en el centro de la escena la necesidad de nuevas estrategias para frenar el acoso entre estudiantes.
Aunque ese episodio estaría vinculado a una situación de acoso escolar o grooming, según reveló la investigación, el hecho se transformó en un disparador que llevó al Gobierno mendocino a impulsar una medida inédita en el país: sancionar a los padres de los alumnos agresores.
La propuesta avanza en el marco de una reforma al Código Contravencional de Mendoza, que incorpora la figura del bullying como falta sancionable. El objetivo es que los adultos asuman un rol activo en la corrección de conductas violentas y acompañen a la escuela en la tarea de prevención.
El ministro de Educación provincial, Tadeo García Zalazar, lo explicó con dureza: "El bullying no es un juego ni una broma pesada. Es violencia que lastima, que deja marcas profundas en nuestros chicos y chicas. Por eso damos este paso: para que la escuela no esté sola en este desafío: necesitamos familias presentes y corresponsables".
Según datos oficiales, en lo que va del año se registraron más de 200 denuncias de acoso escolar a través de la línea 148 y de un formulario digital. Esa información permitió la intervención directa en más de 55 casos graves, con equipos que actuaron de forma articulada en cada institución.
El proyecto, que ya ingresó a la Cámara de Senadores provincial, establece sanciones concretas para los padres: trabajo comunitario de entre 5 y 50 días o multas de hasta 2 millones de pesos. La primera infracción será castigada con trabajo comunitario, mientras que en la reincidencia se aplicarán multas económicas.
Además, la iniciativa contempla instancias de mediación y talleres de parentalidad, con la idea de que los adultos participen activamente en procesos de reeducación y acompañamiento. En casos de repetición de conductas violentas, el juez podrá duplicar las sanciones y ordenar terapias familiares obligatorias.
Desde el Ejecutivo subrayaron que se trata de una medida con "enfoque educativo y reparador", ya que no solo busca castigar sino también comprometer a las familias en la crianza responsable. "Lo recaudado formará parte de un fondo destinado a la prevención del bullying y al fortalecimiento de bibliotecas provinciales", detalló García Zalazar.
En cuanto a las multas, el texto establece un rango que va de 500 a 5.000 unidades financieras, que actualmente representan entre 210.000 y 2 millones de pesos. La dureza de las sanciones busca enviar un mensaje claro: la violencia escolar no será tolerada y los adultos deberán hacerse cargo.
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