2 de febrero de 2026
Sin los votos garantizados y con más de $3 billones en juego, el proyecto del Ejecutivo quedó atrapado en una negociación política que expone fuertes resistencias territoriales y sindicales.
La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico en el Congreso. En el Senado, el oficialismo no logra reunir las voluntades necesarias para avanzar con el proyecto, que quedó condicionado a una compleja negociación política encabezada desde la Casa Rosada.
Uno de los principales nudos del conflicto es el impacto fiscal de la iniciativa. Están en juego más de $3 billones que las provincias no quieren resignar, lo que convirtió a los gobernadores en actores clave de la definición parlamentaria. La mayoría de los senadores responde a esos intereses territoriales y evita adelantar su voto sin garantías de compensación.
En ese contexto, las provincias comenzaron a marcar límites claros al avance de la reforma. Gobernadores de distintos signos políticos coinciden en que el esquema propuesto por el Ejecutivo afecta la coparticipación y compromete la sustentabilidad de las cuentas locales, lo que explica el freno legislativo que enfrenta la iniciativa.
La tensión también se traslada al plano sindical. En el Gobierno evalúan hasta dónde tensar la relación con la CGT, conscientes de que un enfrentamiento abierto podría profundizar el conflicto social. Aunque el oficialismo presenta la reforma como un instrumento para combatir el empleo informal, la central obrera mantiene su rechazo a los cambios que impactan sobre derechos laborales, aportes y el sistema de obras sociales.
Frente a este escenario, la Casa Rosada ensaya una estrategia de negociación múltiple. Se analizan concesiones fiscales, modificaciones en el articulado y acuerdos parciales para destrabar apoyos, pero gobernadores y sindicatos reclaman definiciones concretas antes de acompañar una reforma que consideran desequilibrada y con costos sociales elevados.
Por ahora, el proyecto permanece en suspenso. Sin mayoría propia y con resistencias firmes en el Senado, el Gobierno enfrenta el desafío de reordenar alianzas si pretende evitar una derrota legislativa. El futuro de la reforma laboral dependerá de una negociación política que, por el momento, sigue abierta y sin resolución.
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