POLÍTICA. Rosatti advirtió que la reforma laboral posiblemente sea judicializada

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que busca debatir en sesiones extraordinarias podría enfrentar un largo derrotero judicial antes de entrar en vigencia. Así lo advirtió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, al señalar que el esquema argentino de control de constitucionalidad habilita a cualquier juez a declarar inválida una ley, lo que puede paralizar su aplicación hasta que el máximo tribunal fije una posición definitiva.

"El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso", explicó Rosatti. Y precisó: "Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo". En ese contexto, una eventual reforma laboral podría quedar frenada en distintos juzgados del país, con fallos dispares, hasta que la Corte unifique criterio.

En una entrevista con Perfil, Rosatti recordó que una situación similar ya se produjo con disposiciones laborales incluidas en la Ley Bases, que fueron declaradas inconstitucionales por un juez del fuero laboral y aún no cuentan con una resolución final del máximo tribunal. Al respecto, remarcó que el sistema actual no impide que los magistrados se aparten de la doctrina de la Corte: "Nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad", afirmó.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que el Congreso establezca por ley una cláusula que obligue a todos los tribunales a seguir los fallos de la Corte, Rosatti se mostró prudente. "Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional?", explicó. Y agregó que sólo "en la medida en que la Corte diga que es constitucional", ese mecanismo podría evitar la reiteración constante de los mismos litigios.

De esa forma, la reforma laboral -que tuvo su ingreso formal al Congreso la semana pasada- tendrá que pasar no solo por el trámite legislativo, sino que casi con seguridad su aplicación se verá demorada en los tribunales.