5 de agosto de 2025
El proyecto que impulsa el Ejecutivo junto al FMI contempla un nuevo esquema previsional con haberes proporcionales a los aportes registrados y sin moratoria. Entre los cambios, se eliminarán los beneficios jubilatorios especiales para docentes, trabajadores del transporte, la salud, la construcción y empleados estatales.
El Gobierno nacional avanza con una reforma integral del sistema previsional, prevista para entrar en vigencia en 2026, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa busca homogeneizar o eliminar más de 100 regímenes jubilatorios que hoy contemplan condiciones diferenciales de acceso al beneficio según la actividad laboral.
Entre los regímenes alcanzados por la reforma se encuentran los regímenes especiales, diferenciales, de insalubridad, las cajas provinciales no transferidas y las cajas profesionales. Todos ellos serán evaluados con el objetivo de equiparar edad jubilatoria, cantidad de aportes requeridos y fórmula de cálculo del haber con el régimen general.
En paralelo, se proyecta un nuevo sistema de jubilaciones estructurado en dos componentes:
Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo de 2025, la PUAM quedó como única opción para quienes no tienen 30 años de aportes registrados. Esto afecta particularmente a trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas y a sectores que no recibieron aportes patronales durante años.
Uno de los ejes de la propuesta oficial sería la implementación de una Prestación de Retiro Proporcional, un mecanismo que permitiría jubilarse según los años efectivamente aportados, sin derecho a completar años faltantes mediante moratorias. Esa figura ya había sido incluida en la Ley Bases original de 2023, pero luego fue retirada. Su aplicación significaría que quienes no lleguen a los 30 años de aportes cobrarán un haber menor, sin acceso al régimen pleno.
Cambios por sector laboral
La unificación de los regímenes jubilatorios afectará directamente a millones de trabajadoras y trabajadores que actualmente acceden a condiciones diferenciales debido a la naturaleza de sus tareas. Estos son los principales sectores involucrados:
Aportes incompletos y exclusión previsional
Según estimaciones oficiales, más del 85% de las personas que llegan a la edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse bajo el régimen general. Las causas principales son la informalidad laboral extendida, la intermitencia en el trabajo registrado y el incumplimiento de los empleadores.
Sin moratoria vigente y con la implementación del esquema de proporcionalidad, ese universo será derivado al haber asistencial de la PUAM, hoy establecido en $251.444, frente a una jubilación mínima de $314.305 (valores de agosto de 2025).
Además, los haberes previsionales arrastran una pérdida acumulada del 40% en su poder adquisitivo desde 2017, por efecto de la inflación, los cambios sucesivos en la fórmula de movilidad y el congelamiento del bono de $70.000. Actualmente, 5 millones de personas cobran la mínima y 1 millón accede a la PUAM, según datos del defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino.
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