5 de agosto de 2025
El proyecto que impulsa el Ejecutivo junto al FMI contempla un nuevo esquema previsional con haberes proporcionales a los aportes registrados y sin moratoria. Entre los cambios, se eliminarán los beneficios jubilatorios especiales para docentes, trabajadores del transporte, la salud, la construcción y empleados estatales.
El Gobierno nacional avanza con una reforma integral del sistema previsional, prevista para entrar en vigencia en 2026, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa busca homogeneizar o eliminar más de 100 regímenes jubilatorios que hoy contemplan condiciones diferenciales de acceso al beneficio según la actividad laboral.
Entre los regímenes alcanzados por la reforma se encuentran los regímenes especiales, diferenciales, de insalubridad, las cajas provinciales no transferidas y las cajas profesionales. Todos ellos serán evaluados con el objetivo de equiparar edad jubilatoria, cantidad de aportes requeridos y fórmula de cálculo del haber con el régimen general.
En paralelo, se proyecta un nuevo sistema de jubilaciones estructurado en dos componentes:
Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo de 2025, la PUAM quedó como única opción para quienes no tienen 30 años de aportes registrados. Esto afecta particularmente a trabajadores informales, monotributistas, cuentapropistas y a sectores que no recibieron aportes patronales durante años.
Uno de los ejes de la propuesta oficial sería la implementación de una Prestación de Retiro Proporcional, un mecanismo que permitiría jubilarse según los años efectivamente aportados, sin derecho a completar años faltantes mediante moratorias. Esa figura ya había sido incluida en la Ley Bases original de 2023, pero luego fue retirada. Su aplicación significaría que quienes no lleguen a los 30 años de aportes cobrarán un haber menor, sin acceso al régimen pleno.
