Mientras el ajuste fiscal domina buena parte de la agenda económica, un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) puso el foco sobre la evolución de la carga tributaria de los mayores grupos empresarios del país. El trabajo concluyó que los impuestos pagados por las 500 compañías más grandes cayeron 28% entre 2012 y 2024.
La reducción fue superior a la contracción de la actividad registrada durante el mismo período y coexistió con subsidios, exenciones y distintos mecanismos de promoción fiscal. El estudio cuestiona de esta manera la idea de que las grandes empresas argentinas soportan una presión tributaria creciente y generalizada.
Uno de los datos más significativos surge de los denominados impuestos a la producción. Su recaudación pasó de aproximadamente US$29.710 millones en 2012 a US$21.480 millones en 2024. Además, al descontar los subsidios recibidos, el peso de los impuestos netos sobre el valor agregado de las 500 empresas de mayor tamaño bajó del 27% al 20%.
El informe toma a Mercado Libre como uno de los ejemplos más visibles. Entre 2014 y 2025, la compañía habría recibido alrededor de US$517 millones en beneficios fiscales, primero mediante la Ley de Software y posteriormente a través del Régimen de Economía del Conocimiento.
El crecimiento de la empresa durante ese mismo período abre el interrogante sobre la continuidad de esos incentivos. Los ingresos de Mercado Libre en Argentina pasaron de alrededor de US$456 millones en 2019 a US$5.962 millones en 2025, una expansión de más de trece veces que, según los autores, obliga a revisar hasta cuándo resulta justificable sostener mecanismos promocionales destinados originalmente a impulsar empresas o sectores en desarrollo.
La reducción de la carga aparece también con fuerza en las actividades extractivas. Las retenciones abonadas por las empresas petroleras habrían pasado de alrededor de US$3.146 millones en 2012 a apenas US$114 millones durante 2024. Para compañías mineras e hidrocarburíferas, el informe calcula además una tasa efectiva del impuesto a las ganancias cercana al 5%, muy por debajo de la alícuota nominal.
El trabajo coloca bajo la lupa al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que amplió beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios para grandes proyectos. La crítica central es que esos incentivos pueden terminar beneficiando actividades que ya presentan niveles elevados de rentabilidad, generando una transferencia adicional de recursos desde el Estado hacia capitales concentrados.
La discusión adquiere otra dimensión en momentos en que el Gobierno fundamenta recortes en jubilaciones, salarios estatales, universidades, discapacidad y políticas públicas en la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. El informe introduce así una pregunta sobre cómo se distribuye el esfuerzo: mientras se reducen partidas sociales y laborales, determinados sectores empresarios continúan recibiendo ventajas tributarias.
El debate sobre las cuentas públicas queda entonces atravesado por una cuestión distributiva. La discusión no pasa únicamente por cuánto recauda o gasta el Estado, sino por quién aporta, quién recibe beneficios y sobre qué sectores termina recayendo el costo del ajuste. Los datos sobre las 500 mayores compañías vuelven a poner esa disputa en el centro de la política económica argentina.
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