13 de septiembre de 2026
La mora creció con fuerza y empuja a miles de adultos mayores hacia empleos precarios e informales.
El endeudamiento entre los adultos mayores alcanzó niveles récord en la Argentina. Más de cuatro millones de jubilados mantienen deudas activas, una cifra que creció un 5% desde 2022, de acuerdo con un informe del Banco Provincia. Los préstamos se destinan principalmente a pagar medicamentos, alquileres, alimentos e incluso compromisos financieros anteriores.
El último relevamiento del Banco Central indicó que casi la mitad de los jubilados endeudados -alrededor de 1,36 millones- contrajo obligaciones con entidades no financieras. Se trata del registro más elevado de los últimos seis años y comprende créditos ofrecidos por comercios, mutuales, prestamistas, financieras y emisoras de tarjetas.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, advirtió que este tipo de financiamiento representa un peligro mayor por las tasas y condiciones que suele imponer. Entre diciembre de 2024 y febrero de 2026, unos 203.000 jubilados ingresaron al circuito de prestamistas no bancarios, muchas veces después de quedar excluidos del sistema tradicional.
La suspensión de los créditos directos de la ANSES dejó a miles de adultos mayores sin una red de financiamiento regulada y con tasas protegidas. Como consecuencia, quienes no califican para acceder a los bancos terminan recurriendo a alternativas más costosas, con intereses nominales anuales que llegaron hasta el 144% durante febrero de 2026.
El crecimiento de la morosidad expone la dificultad para sostener esos pagos. Entre agosto de 2024 y julio de 2026, la cantidad de jubilados con atrasos aumentó un 157%: pasó de 234.724 a 603.441 personas. En el mismo período, la irregularidad en los pagos dentro de este grupo avanzó del 2,8% al 6,7%.
La situación se agravó por la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y el aumento de los gastos cotidianos. Muchos adultos mayores comenzaron a utilizar tarjetas o préstamos para comprar medicamentos en cuotas, especialmente después de los recortes en la cobertura del PAMI, y quedaron atrapados en una cadena de refinanciaciones para cubrir el pago mínimo.
Ante la imposibilidad de sostenerse únicamente con sus haberes, miles decidieron regresar al mercado laboral o postergar el retiro. Entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2026, la cantidad de personas ocupadas mayores de 65 años creció un 4,5%, lo que representó la incorporación de aproximadamente 27.000 adultos mayores al trabajo.
La mayoría de esas inserciones se produce en condiciones de informalidad. Durante el cuarto trimestre de 2025, la precariedad laboral alcanzó al 61,6% de las mujeres mayores de 65 años y al 55,6% de los varones de la misma edad. Entre las tareas más frecuentes aparecen la limpieza, el cuidado de personas, la remisería, la portería y otros empleos de baja calificación.
Los datos muestran que el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional y se transformó en una forma habitual de completar ingresos insuficientes. El aumento de la mora, los elevados intereses y el regreso forzado al trabajo reflejan una crisis que golpea de manera directa a los jubilados, mientras organizaciones especializadas reclaman recuperar líneas de crédito reguladas y políticas de protección para el sector.
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