11 de diciembre de 2025
La iniciativa modifica la Ley de Contrato de Trabajo, debilita la negociación colectiva y redefine el poder sindical.
La reforma laboral enviada por el Gobierno al Congreso implica una reconfiguración estructural del sistema laboral argentino, con cambios que alcanzan las modalidades de contratación, la jornada, los convenios colectivos, la representación sindical y hasta la forma de pagar los salarios. La propuesta incorpora elementos que reducen derechos históricos, amplían la flexibilidad para las empresas y recortan facultades sindicales.
Uno de los puntos centrales es la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que significa que, al vencer un convenio, sus cláusulas dejan de regir automáticamente. Esto debilita la base de negociación de los sindicatos y habilita a las empresas a imponer condiciones más bajas mientras no exista un nuevo acuerdo.
El proyecto también introduce el banco de horas, un esquema que permite redistribuir la jornada sin pago de horas extras. Con este mecanismo, las empresas pueden extender las horas de trabajo en períodos de mayor actividad y compensarlas después sin costo adicional, consolidando un modelo de flexibilidad que reduce ingresos y elimina límites horarios tradicionales.
Otro cambio relevante es la posibilidad de que los salarios se paguen no solo en bancos, sino también en billeteras virtuales y Proveedores de Servicios de Pago (PSP) autorizados por el Banco Central, como Mercado Pago, Ualá o Naranja X. Este punto, incorporado mediante la reforma del artículo 124 de la LCT, transforma la relación tradicional entre salario y sistema bancario, habilitando que los empleadores puedan depositar haberes directamente en cuentas digitales, algo que antes no era legal. Para el Gobierno esto moderniza el sistema, pero para gremios y especialistas podría aumentar la informalidad financiera y segmentar aún más la bancarización.
La reforma también reconoce a los trabajadores de plataformas como independientes, dejándolos fuera de la LCT y sin derechos básicos como aguinaldo, vacaciones, indemnización o ART. Se trata de una formalización de la precarización digital que las empresas tecnológicas reclamaban desde hace años.
En materia de contratación, la iniciativa flexibiliza el uso del trabajo eventual y por obra, permitiendo modalidades más precarias y con menor responsabilidad empresaria. A su vez, incorpora un Fondo de Cese Laboral que busca reemplazar costos indemnizatorios por un sistema de capitalización individual administrado por terceros.
Otro eje de alto impacto institucional es la posibilidad de que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad, fragmentando el modelo sindical argentino y debilitando la paritaria nacional como herramienta de equilibrio sectorial.
A esto se suma la eliminación del principio de costumbre como fuente de derecho, lo que permite a los empleadores quitar beneficios que por años se otorgaron en la práctica. Además, se amplían los conceptos no remunerativos, lo que puede reducir aportes, contribuciones e indemnizaciones.
En conjunto, la propuesta constituye la mayor ofensiva contra el derecho laboral y colectivo desde la última dictadura, alineada con el ideario del DNU 70/2023 y con las demandas de las principales cámaras empresarias. Si se aprueba, reconfigurará profundamente la relación entre trabajadores, empresas y sindicatos en Argentina.
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